Por ALEXANDRA OLSON
NUEVA YORK
Agencia AP
Tres grupos defensores de los derechos civiles presentaron ayer una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe que las agencias federales, contratistas y beneficiarios de subvenciones ofrezcan cierta capacitación sobre diversidad que el Presidente considera «antiestadounidense».
El Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) presentó la querella en una corte federal de Washington, D. C., junto con la Liga Nacional Urbana y la Alianza Nacional de Vivienda Justa. En la demanda se argumenta que la orden de Trump viola los derechos a la libertad de expresión y suprime los intentos laborales de hacer frente a la discriminación sistémica de tipo racial y sexual.
La Liga Nacional Urbana y la Alianza Nacional de Vivienda Justa cuentan con contratos federales y planean solicitar otros a futuro.
La orden ejecutiva «obliga inconstitucionalmente a los demandantes a elegir entre censurar el discurso sobre estos temas importantes o renunciar a cualquier oportunidad de obtener un contrato federal», subrayaron los grupos en la querella.
El decreto de Trump, firmado el mes pasado, critica las capacitaciones laborales que exploran el racismo y privilegios arraigados que el gobierno dice podrían hacer que los trabajadores de raza blanca sientan «incomodidad» o culpa. El presidente ordenó que el Departamento del Trabajo establezca una línea telefónica para investigar quejas sobre sesiones de capacitación que el mandatario ha llamado «antiestadounidenses» y «enfocadas en la culpa».
Trump ha sostenido que se opone a la capacitación basada en la «teoría crítica racial», la idea de que el racismo ha permeado la historia e instituciones de Estados Unidos. En el primer debate presidencial, Trump dijo que tal capacitación le está «enseñando a la gente a odiar a nuestro país».
La directriz se apoya en una orden presidencial de hace 55 años, surgida a partir de la presión del Movimiento por los Derechos Civiles, que buscaba prohibir prácticas discriminatorias en compañías que tienen contratos con el gobierno federal. Los detractores afirman que la orden de Trump desvirtúa la iniciativa del presidente Lyndon B. Johnson de 1965 al convertirla en un vehículo para los agravios de la población de raza blanca.
«La orden ejecutiva tiene un tufo a un respaldo totalitario a la supremacía blanca», afirmó Marc Morial, presidente y director general de la Liga Nacional Urbana en una conferencia de prensa virtual.
Morial agregó que la orden es un «ataque directo contra nuestra misión». De acuerdo con la demanda, la Liga Nacional Urbana cuenta con un contrato federal que incluye el desarrollo de programas de capacitación en la diversidad y la inclusión para el programa de formación del Departamento del Trabajo.
Por su parte, el Departamento del Trabajo asegura que la orden no prohíbe una capacitación «de sesgo inconsciente» que analiza «opiniones preconcebidas, o estereotipos» que la gente podría tener sobre los otros. Pero sí prohíbe la capacitación que implique que alguien es racista o sexista «por virtud de su raza, sexo y/u otro origen nacional».
Sin embargo, la demanda sostiene que la redacción de la orden es excesivamente amplia y ya está teniendo un efecto paralizante en la capacitación sobre diversidad. Algunas organizaciones han pedido que frases como «racismo sistémico» y «privilegio blanco» sean prohibidas en las capacitaciones, de acuerdo con la querella. También citó la decisión de la Universidad de Iowa de suspender sus intentos de favorecer la diversidad ante el temor de perder fondos del gobierno.
