José Roberto Alejos Cámbara
A finales de 1984, cuando iniciábamos en la Constituyente vivimos y entendimos que la lucha y la confrontación era por un modelo de desarrollo, de monocultivos, enormes empresas de unos pocos dando empleo y no como ahora que se busca la auto gestión, empresas pequeñas emprendedoras y el desarrollo personal y descentralizado. Creímos, ingenuamente, que el articulado constitucional estaba redactado de tal manera que las leyes que, en su momento, se aprobarían responderían a grandes consensos producto de diálogos y negociaciones entre los líderes políticos de ese entonces, lo creímos porque constituyentes y militares discutimos y allanamos nuestras diferencias en reuniones abiertas, transparentes, sinceras.
En el primer gobierno dirigido por la Democracia Cristiana observamos que, a pesar de tener aplanadora -mayoría- en el Congreso, las reuniones con los legisladores se daban de manera permanente. Con asombro y hasta ilusión, vimos al líder del anticomunismo Mario Sandoval Alarcón y otros secretarios de partidos, reunirse con los comandantes de la guerrilla eso, definitivamente, fue el inicio para el gran diálogo por la paz.
Así se aprobaron normativas como la de áreas protegidas, la forestal, mejoramiento del medio ambiente. A mi regreso al Congreso se aprobó la ley del PIMPE, la de educación ambiental, PROBOSQUE y la ley de cambio climático y otras. Incluso en el año 2000 se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pero los reglamentos, las manipulaciones de gobernantes por saciar sus intereses o la interpretación antojadiza de quienes persiguen beneficios propios han frenado las grandes y originales ideas, obstaculizado con ello el beneficio para la nación.
Proyectos importantes y urgentes como la ley de aguas, la de aire puro y la desechos sólidos y líquidos, han permanecido años esperando ser aprobadas, y ese rezago ha generado problemas y confrontaciones. Se emprenden proyectos que se quedan a medias y es que, sinceramente, esta legislación ha demorado tanto que ahora los efectos adversos son notorios. Tanto empresarios como ambientalistas son conscientes que los proyectos pendientes deben ser aprobados incluso la de extracción la que urge poner en concordancia con los tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala.
Pero hay confrontación, hay lucha entre buenos y malos, y dependiendo del lado en el que uno esté, se define quiénes son los buenos y quiénes los malos, esto provoca que el tema ambiental siga siendo una temática, más que ninguna, generadora de conflictos sociales. La falta de certeza jurídica se mantendrá si persiste la falta de diálogo y de negociación que no es otra cosa que el reflejo de la falta de liderazgo y de principios al anteponer el amor al dinero antes que el amor al país. Ese impresionante debilitamiento de las instituciones del Estado, es resultado de haber politizado la justicia y judicializado la política ¿Saben que es lo que pasa? la lucha sigue siendo por el modelo de desarrollo, porque, aunque los constituyentes tratamos de crear instituciones técnicas y profesionales, hoy priva el neoconstitucionalismo sobre el constitucionalismo clásico, un tema ideológico, que mientras no se resuelva no permitirá esa certeza jurídica tan necesaria para el desarrollo del país. Caminemos, exijamos y promovamos la participación y el diálogo en lugar de la confrontación, hagámoslo juntos… es necesario.
