Carlos Rolando Yax Medrano
Uno de los mayores problemas para la democracia en Guatemala, y en general en la región, es la corrupción. La corrupción se puede definir como el abuso del poder para beneficio propio y se caracteriza por la atribución a un agente de más competencias de las necesarias para cumplir con su deber, por la motivación del agente en la obtención de un beneficio adicional al que se recibe normalmente y por la ocultación del agente de sus conductas puesto que implican una carga negativa.
La corrupción ocurre en distintos niveles. Es pequeña cuando se trata de transacciones modestas de dinero o pequeños favores entre un individuo y un funcionario. Es grande cuando se trata de grandes cantidades de bienes, que se concretan a través de contratos, concesiones y licencias de operación, entre pequeños grupos y funcionarios de alto nivel. Es política cuando se trata de manipulación de políticas, instituciones y normas por parte de los responsables de las decisiones públicas para conservar su poder, estatus y patrimonio.
Sin embargo, los niveles más altos de corrupción ocurren con la captura del Estado y la reconfiguración cooptada del Estado. La primera se trata de la intervención de grupos económicos legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas con el propósito de obtener beneficios económicos a corto y largo plazos. La segunda se trata de la participación de grupos legales e ilegales en la transformación de las instituciones con intereses criminales económicos, penales y de legitimación social.
El gobierno de Jimmy Morales marcó el inicio de la reconfiguración cooptada del Estado y el gobierno de Alejandro Giammattei la está consolidando. Los avances y logros alcanzados en el combate a la corrupción por la CICIG, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad están siendo contrarrestados por grupos y partidos políticos legales (por el momento) pero ilegítimos, el “sector empresarial organizado” que ha apoyado ilegalidades de forma legal y el narcotráfico que de los cárteles ha pasado a los cuarteles, al Congreso de la República e, incluso, intentó hacerlo a la Presidencia.
La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones ya ha sido retrasada un año, resultado de un esfuerzo para mantenerla cooptada de Allan Rodríguez, Felipe Alejos y Sofía Hernández, desde la Junta Directiva del Congreso de la República. El Procurador de los Derechos Humanos, igual que el año pasado por parte de Álvaro Arzú, ha sido atacado desde el presupuesto para dificultarle la realización de su labor de supervisión de la administración pública. La Corte de Constitucionalidad también sigue siendo objeto de ataques, como ya es costumbre del “sector empresarial organizado”, para cooptarla a través de la designación de magistrados el próximo año.
La democracia en Guatemala presenta grandes problemas. Los políticos se acostumbraron a defender la mentira frente a la verdad y esto ha causado tanto odio y descrédito que las personas de mayor talento y vocación por lo público decidieron retirarse, abandonando el Estado en manos de ignorantes y corruptos sin principios. Sin embargo, tanto más indignados nos encontremos menos indiferencia debemos demostrar. Cuanto peor actúen más debemos enfrentarnos a ellos. Y debemos hacerlo con mayor afán para evitar que los malos ciudadanos prevalezcan en detrimento de las personas de bien y para ruina común de todos. Debemos mostrar el apoyo a la institucionalidad democrática y defenderla, como titulares del poder político y la soberanía, y rechazar todos los intentos de destruirla.
