Ayer el Director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, publicó un airado comunicado para informar que su familia ha presentado denuncia penal en contra de Plaza Pública por lo que él considera como acoso inaceptable en su contra y de sus parientes cercanos, reclamando respeto a su derecho a la privacidad y afirmando que lo que hacen los periodistas son delitos que deben ser perseguidos por el Ministerio Público.
Es un tema de ética el balance entre el derecho a la información, que es un derecho que tiene la gente y va más allá de la llamada libertad de prensa, y el derecho a la privacidad. Cuando se trata de personas particulares este derecho es más amplio, aunque no absoluto, porque si resulta que alguien se dedica por su cuenta a actividades que afectan a la comunidad, se disminuye la garantía que tiene para que se respete a su privacidad. En el caso de los funcionarios públicos, para bien o para mal, están expuestos al escrutinio público por la misma naturaleza de sus funciones y se ha visto que en todo el mundo hasta los aspectos más íntimos de su vida privada son expuestos cuando ello puede afectar su desempeño como servidores de la ciudadanía.
El Director del Centro de Gobierno apeló a varias instituciones (hasta menciona algunas que no tienen vela en el entierro) para que condenen la investigación que hace Plaza Pública y también apeló a los medios. En La Hora creemos que indagar sobre los funcionarios y establecer si la función pública ha significado un cambio en el nivel económico y de vida no es impropio. Por supuesto que rechazamos la idea de cualquier comportamiento abusivo o de acoso que pueda darse porque los periodistas podemos indagar pero no podemos hacerlo como nos dé la gana sino dentro de los parámetros éticos. Preguntar a una vendedora callejera si ha notado cambios o algo extraño no es acoso, como tampoco lo es hacer preguntas directas aunque puedan parecer molestas.
Por supuesto que entendemos el malestar que genera la investigación periodística, pero si los medios hubiéramos sido más incisivos con gobiernos anteriores no se habrían dado sorpresas como las de los casos de Pérez Molina y Baldetti. Desgraciadamente al asumir un puesto público se asume también que uno queda expuesto al escrutinio también público. Creemos que si hay pruebas de excesos y abusos cometidos por periodistas deben ser sancionados, pero la investigación en sí está garantizada por la Ley de Emisión del Pensamiento que dice que no es delito la crítica a funcionarios públicos.
