Carlos Rolando Yax Medrano
En nuestro país sólo cuatro de cada diez personas tienen los recursos necesarios para vivir, las otras seis sobreviven en condiciones de pobreza. Ante la incapacidad del Estado, tanto en sus sectores público y privado, para satisfacer las necesidades más vitales, muchos guatemaltecos se han quedado sin opciones más que buscar oportunidades en otros lugares. Así la emigración ha pasado de ser una decisión libre y voluntaria, a una consecuencia forzada por carencias extremas.
Casi la totalidad de los emigrantes guatemaltecos han encontrado una respuesta a sus necesidades y de sus familias en Estados Unidos. A la vez han disminuido el impacto de muchos de los problemas de la economía de Guatemala. El ingreso de divisas por remesas familiares en 2019 fue superior a los diez mil millones de dólares, más que los impuestos recaudados durante el año, casi suficiente para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Han compensado el subdesarrollo del Estado, pero sus problemas aún no tienen solución.
En enero de 2020, el ingreso por divisas fue un 21.3% mayor en comparación a enero de 2019. En febrero de 2020 fue un 17% mayor en comparación a febrero de 2019. A partir de marzo, por causa del COVID-19, disminuyeron en comparación al año pasado, pero en junio volvieron a aumentar y en julio, por primera vez en la historia, se registraron ingresos de divisas mayores a mil millones de dólares en un solo mes. Esto refleja que, para mitigar el impacto económico de la pandemia ante la incapacidad del Estado para solventarla, los emigrantes enviaron más dinero a sus familias. Ni el Presidente ni el Gobierno, ridículos e irrespetuosos al afirmarlo, deben atribuírselo como un logro. Por el contrario, es un indicador de las deficiencias de su gestión y el camino hacia dónde deben dirigir sus políticas en los próximos años.
Para El Salvador y Honduras las situaciones son similares, no es una realidad nacional sino regional: emigrar responde a los síntomas, pero no a las causas estructurales de la pobreza. En general América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, cuyos niveles son sólo comparables con los de África Subsahariana. Las verdaderas soluciones a la pobreza, entonces, no se encuentran en la emigración sino en la construcción de un sistema que asegure el empleo, la seguridad, la salud y la educación.
Un sistema así sólo puede construirse a través de la inversión, la adecuación de la política fiscal y el combate a la corrupción. En América Latina, además de los más altos índices de desigualdad, también se comparten la baja calidad en el gasto público y la fragilidad de las instituciones. Se necesitan condiciones que atraigan al sector privado a proyectos con una visión de desarrollo, a través de una estructura social que garantice el goce de sus derechos a la población y el fortalecimiento del sector público para separar a los servidores públicos de los vividores de lo público.
Si se entiende que la migración no es el problema y se atiende como un síntoma de la pobreza; si se entiende que para disminuir la pobreza se debe asegurar empleo, seguridad, salud y educación; si se entiende que para asegurar tales condiciones se debe promover la inversión, garantizar los derechos humanos y ponerle fin a la corrupción; entonces y solo entonces se podrán empezar a construir un país y una región mejor. Nadie buscaría una vida mejor en otro lugar si la pudiera encontrar en su país, en su hogar.
