Oscar Clemente Marroquín
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Formalmente Alejandro Sinibaldi no forma parte del caso de Comisiones Paralelas que tiene que ver con la manera en que se integró el actual sistema de justicia con la elección de la Corte Suprema y las Salas de Apelaciones, pero es sabido que él, junto a su contendiente Manuel Baldizón, fueron piezas fundamentales especialmente porque ambos disponían de suficientes votos en el Congreso de la República como para asegurar la designación de los magistrados que se habían comprometido con apuntalar el régimen de impunidad en el país. Los partidos Patriota y Lider eran en ese momento piezas clave para decidir la elección y todos sabemos cómo se han comportado la mayoría de los electos en esa ocasión y que son quienes hasta el día de hoy siguen al frente de la administración de justicia.
Obviamente la participación de los dos que figuraban como candidatos presidenciales estaba marcada por sus actuaciones como políticos que, en su búsqueda de la Presidencia de la República, no se anduvieron con chiquitas ni con el tema del financiamiento electoral ilícito, ni con cualquier otra porquería que pareciera indispensable. Sabiendo lo que estaban haciendo y los delitos en los que habían incurrido y los que iban a seguir cometiendo en este nuestro sistema tan podrido, es natural que tuvieran particular interés y cuidado a la hora de pactar sobre la elección de quienes eventualmente tendrían que juzgarlos algún día si se daba el para entonces extraño y poco probable caso de que los meros cabezones fueran objeto de alguna investigación.
La impunidad es una de las piezas fundamentales del sistema guatemalteco y prácticamente viene desde el mismo momento de la creación del Estado porque el mismo se basa en condiciones no escritas que aseguran a los poderosos que la justicia no está hecha para ellos. En la Patria del Criollo, como la llamó Severo Martínez, estaban bien definidos los roles y los límites que hacían intocables a los dueños del país y por ello el régimen de impunidad es verdaderamente estructural.
En la historia hemos vivido dos momentos que se metieron con esa impunidad. El primero fue para fortalecerla y ocurrió durante el Conflicto Armado Interno, cuando tanto el sistema de justicia como el ente a cargo de la investigación penal fueron absolutamente cooptados para evitar que los crímenes de guerra y de lesa humanidad pudieran ser investigados y objeto de algún castigo. El segundo momento fue a partir del año 2015 cuando se presentó la primera investigación de las principales figuras políticas del país, generando un auténtico terremoto que se extendió por varios años y que no se limitó a sentar en el banquillo a cuestionadas figuras del mundo político, sino también a prominentes miembros de las élites que se sienten y actúan como dueñas del país.
Ese último “aire con remolino” acabó con la expulsión de la CICIG y se pretende aniquilar definitivamente con la conformación de un poder judicial más sucio que el actual y más comprometido con la impunidad, aunque ello parezca imposible.
Lo que Sinibaldi pueda contar de sus pactos con Baldizón para elegir a esta vergonzosa Corte Suprema de Justicia puede ser muy ilustrativo para entender la forma y el por qué, a capa y espada, apañan a los corruptos.
