Julio R. García-Merlos
Impedir que los adultos mayores ingresen a lugares públicos atenta contra su dignidad y es contrario a nuestros valores sociales.
La forma en la que una sociedad trata a las personas mayores dice mucho de su civismo. Creer que por su edad no saben tomar decisiones correctas y que, por lo tanto, el Estado debe tomarlas por ellos, es una falta de respeto gravísima. Hoy, resulta que el gobierno pretende controlar las vidas de aquellos que con sus años han sabido vivir, cuidar de su salud y aportar a nuestra sociedad.
De conformidad con el Acuerdo Ministerial 187-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que establece el semáforo territorial respecto a las restricciones por la pandemia, determina que en alerta roja no se puede permitir el ingreso de personas de alto riesgo y adultos mayores a centros comerciales, restaurantes, centros de entrenamiento y gimnasios. Y en alerta amarilla, tampoco se les permite asistir a cines y teatros.
Esta pandemia ha sacado algunas cosas negativas en nuestra sociedad como la aversión, de algunos, al ejercicio de la libertad individual con responsabilidad y la obsesión porque el gobierno limite derechos y dirija sus vidas. El argumento de la protección de la salud pública se ha vuelto la cuña de justificación de todo tipo de limitaciones, que en muchos casos son irrazonables y desproporcionadas. Este es un caso concreto.
Ignorando la realidad social y en un arrebato de paternalismo, el gobierno ha dispuesto impedir el acceso de personas mayores a lugares públicos en los que se encuentran algunos servicios esenciales como la renovación de licencias de conducir en locales que se encuentran en centros comerciales, también se les impide ir a restaurantes, discriminando a los adultos mayores y sin considerar que muchos no cuentan con el apoyo de terceras personas para realizar diligencias. Ya son numerosas las denuncias en las redes sociales de personas mayores que se sienten indignadas y marginadas por estas disposiciones.
Esta actitud paternalista no es una cuestión exclusiva del gobierno de Guatemala, en Colombia se dispuso una cuarentena estricta para los mayores de 70 años y esta medida dio lugar a un movimiento social denominado La rebelión de las canas, que incluyó manifestaciones lideradas por notables profesionales de la sociedad colombiana. Hace unos pocos días el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin vigencia las disposiciones tras considerar que se vulneraba el derecho a la locomoción y al libre desarrollo de la personalidad.
Al revisar los datos sobre los fallecimientos por Covid-19 en Guatemala, se nota que la proporción de personas mayores que pierde la vida es menor que la de otros países. Me atrevería a decir que esto es una muestra de la responsabilidad, cariño, cuidado y disciplina con las que ellos y, en su caso, sus familias se cuidan. Luego de más de cinco meses de que el virus se detectó en Guatemala, existe suficiente información para que cada uno nos cuidemos siguiendo los protocolos de distanciamiento, mascarillas, lavado de manos y demás medidas altamente conocidas. Considero que es propicio que el gobierno revise estas limitaciones en atención a que los mayores, al igual que todos, necesitamos realizar actividades por imperiosa necesidad, para mantener el bienestar físico, psicológico y emocional y sobre todo poder decidir por ellos mismos como vivir su vida en medio de esta situación de incertidumbre.
Nuestros adultos mayores merecen que se les dé un trato digno, igualitario y decoroso; a ustedes mis respetos, cuentan con mi apoyo en la #RebeliondelascanasGT.
Julio García-Merlos
Twitter: @jgarciamerlos
