Por Redacción La Hora
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al Estado a cesar los actos que amenazan la independencia de las y los operadores de justicia en el país, ante las últimas solicitudes de antejuicio presentadas en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“La Comisión urge al Estado de Guatemala a cesar los actos que representarían severas amenazas la independencia de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abstenerse de promover diligencias de antejuicio basadas en el mero juicio jurídico de las y los operadores de justicia, así como a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH”, aseveraron.
En ese orden, la CIDH, cita las acciones del Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados y magistradas, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, José Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández García, José Mynor Par Usen y Neftalí Aldana Herrera.
La información de las denuncias, según el MP, es que se cometieron posibles delitos de violación a la Constitución, resolución violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato, “al emitir resolución sobre un asunto en el cual ellos eran inminentemente parte del mismo”.
La CIDH urge a cesar amenazas a la independencia de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala. pic.twitter.com/QmcJ3j4HOo
— Diario La Hora (@lahoragt) August 15, 2020
UN CONTEXTO DE ATAQUES E INJERENCIAS
Sin embargo, hacen énfasis en que dichas diligencias, se dan en un contexto de ataques e injerencias en contra las personas que se desempeñan como operadores de justicia en Guatemala, que se habría agravado en los últimos años.
En ese sentido, mencionan un informe correspondiente a 2017, en el que denunciaron la grave situación de señalamiento, difamación, ataques, presiones e injerencias a la independencia de magistrados y magistradas CC.
En ese entonces, destacan que la Comisión había solicitado una adopción de medidas cautelares a favor de la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar y que más recientemente, el 25 de octubre de 2019, emitió una resolución de esas medidas a favor de los magistrados José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, José Mynor Par Usen y la magistrada María Cristina Fernández, también de la Corte de Constitucionalidad, señalados en la nueva solicitud de antejuicio.
YA HABÍAN EXPRESADO SU PREOCUPACIÓN POR DILIGENCIAS EN CONTRA DE MAGISTRADOS
EL 30 de junio, también mencionan que habían expresado su preocupación ante las diligencias de antejuicio promovidas en contra de algunos magistradas y magistrados de la CC, como consecuencia del supuesto razonamiento contrario a la Constitución guatemalteca emitido en sus resoluciones, dentro del proceso de elección de Cortes.
Por ello, la CIDH reiteró al Estado de Guatemala que está “prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria o, en este caso, de antejuicio, actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en una resolución, en ejercicio de su función jurisdiccional”.
“Por ende, uno de los aspectos esenciales a considerar en las resoluciones que establezcan sanciones a las y los operadores de justicia es que las investigaciones y sanciones disciplinarias que se impongan en ningún caso pueden estar motivadas en el juicio jurídico que se hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones”, añadieron.
La Comisión, aseguró que al Estado le corresponde proteger a las personas operadoras de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.
Asimismo, aseguran que si los Estados no garantizan la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones, incluyendo las represalias directamente dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectado, frustrando el acceso a la justicia efectivo.
