Por LORNE COOK
BRUSELAS
Agencia AP

En medio de una pandemia en la que las naciones europeas pasan apuros para controlar los repuntes de casos, crecen las inquietudes en torno a una «segunda ola» de restricciones fronterizas no coordinadas dentro del continente que amenazan el libre tránsito de productos y personas, una base sobre la que está construido el bloque comercial más grande del mundo.

Pese a las reiteradas advertencias sobre los peligros de aplicar revisiones sin previo aviso, algunos países han impuesto nuevas medidas, o exigido que los viajeros se coloquen en cuarentena, lo que hace recordar los cierres fronterizos implementados por pánico luego de que en febrero surgió en Italia el primer brote de coronavirus en Europa, bloqueando el tránsito de personas y equipo médico.

Más allá del impacto económico de medidas no coordinadas, los expertos temen que los países se estén acostumbrando tanto a cerrar sus fronteras según lo crean oportuno que el futuro de la zona de libre tránsito de Europa conocida como espacio de Schengen corre verdadero riesgo.

En una carta enviada a los gobiernos nacionales —y que fue vista por The Associated Press_, la Comisión Europea advierte que «si bien debemos garantizar que la UE esté preparada para posibles resurgimientos de casos de COVID-19… al mismo tiempo deberíamos evitar una segunda ola de acciones descoordinadas en las fronteras internas» del bloque.

«Debe evitarse volver a implementar restricciones ineficaces y controles en las fronteras internas. En su lugar, la respuesta debería ser medidas específicas, proporcionales y coordinadas, basadas en evidencia científica», señala la misiva.

Bélgica, donde se encuentra la sede de la UE, no permite viajar a algunas regiones de España, particularmente a la región norteña de Cataluña, y también prohíbe la entrada a personas procedentes de algunas partes de Francia, Gran Bretaña, Bulgaria, Croacia, Lituania, Rumania y Suiza.

Las naciones escandinavas son particularmente rápidas para reaccionar ante cualquier incremento en las tasas de infecciones. La cancillería de Dinamarca ahora tiene a España, Bulgaria, Luxemburgo, Rumania y Andorra en su lista restringida. Noruega, que no es miembro del bloque pero forma parte del espacio de Schengen, tampoco ha dudado en actuar.

«Desafortunadamente, los acontecimientos en varias naciones europeas no van en la dirección correcta», comentó Ine Eirksen Soereide, canciller de Noruega. Señaló que la gente que llegue de Francia, Mónaco, Suiza y República Checa deberá colocarse en cuarentena por 10 días.

La aplicación de pruebas obligatorias de COVID-19 también está aumentando. Alemania está sometiendo a pruebas a las personas que arriban de zonas de alto riesgo, como algunas partes de Bulgaria y Rumania, que son miembros de la UE pero no están dentro del espacio de Schengen. Grecia e Italia están tomando medidas similares para ambas naciones.

Pero la constante manipulación en las restricciones de viaje es la mayor preocupación. Los gobiernos de la UE pueden imponer restricciones fronterizas por cuestiones de seguridad pública, incluidas inquietudes sanitarias, si lo consideran adecuado. Sin embargo, las medidas deberían ser específicas y limitadas en el tiempo, y los gobiernos deberían alertar sobre sus planes.

Desde 2015, las reglas del espacio de Schengen han sido quebrantadas de manera regular, debido principalmente a la desconfianza entre los países europeos, que dudaban de que sus socios harían lo correcto. Primero algunas naciones dependieron de cierres para hacer frente a la llegada de cientos de miles de migrantes, muchos de ellos que huían de conflictos en Siria o Irak y buscaban una vida mejor en el norte de Europa. Algunas de esas restricciones siguen vigentes.

Hoy en día, el desafío más grande al espacio de Schengen es la pandemia de coronavirus.

«Escenas de fronteras reforzadas y puestos de control hubieran sido algo impensable hace apenas cinco años. Sin embargo, en la actualidad la reintroducción unilateral de controles y cierres fronterizos se ha convertido en algo aceptado en los conjuntos de instrumentos de los países miembros para responder a emergencias transfronterizas», según el Instituto de Política Migratoria.

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