Por WILSON RING
Agencia AP
Una Corte de Canadá invalidó el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, al fallar que varios elementos de esa ley violan las garantías constitucionales canadienses a la vida, la libertad y la seguridad.
Sin embargo, la jueza federal Ann Marie McDonald postergó seis meses la ejecución de su fallo a fin de dar tiempo al Parlamento canadiense para que emita una respuesta.
«Concluyo que las cláusulas que promulgan el (acuerdo de tercer país seguro) violan las garantías establecidas en la sección 7 de la Carta», escribió McDonald en su fallo, refiriéndose a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que pertenece a la Constitución. «También he llegado a la conclusión de que dicha violación no se justifica en la sección 1 de la Carta».
Según el acuerdo, los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Canadá y se presenten en los puertos terrestres de ingreso desde Estados Unidos son devueltos a ese país y se les indica que pidan asilo allí.
Pero si solicitan asilo en territorio canadiense, en cualquier parte que no sea un puerto oficial de entrada, se permite que el proceso continúe. En la mayoría de los casos, los refugiados quedan en libertad y se les permite vivir en Canadá, aprovechando las generosas prestaciones sociales de ese país en lo que se resuelven sus solicitudes de asilo, un proceso que puede llevarse años.
A finales del año pasado, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias incoaron una demanda, argumentando que el gobierno canadiense no cuenta con ninguna garantía de que aquellas personas que son enviadas de regreso a Estados Unidos se encuentren a salvo debido al trato que el gobierno del presidente Donald Trump da a los inmigrantes.
En la impugnación judicial original se menciona la detención generalizada de solicitantes de asilo que son regresados desde Canadá, y la separación de padres e hijos, como otros de los ejemplos del porqué Estados Unidos no es un país «seguro» para los inmigrantes recién llegados.
Mary-Liz Power, portavoz del ministro de Seguridad Pública canadiense Bill Blair, dijo que estaban al tanto de la decisión.
«A pesar de que la Corte Federal ha emitido su fallo, esa decisión no entrará en vigor hasta el 22 de enero de 2021», dijo Power en un comunicado. «El acuerdo de Tercer País Seguro continúa en vigor».
Los tres grupos que presentaron la demanda manifestaron el miércoles su beneplácito con la decisión y exhortaron al gobierno canadiense a que no apele el fallo. Los grupos también le solicitaron a Canadá que suspenda de inmediato la devolución de solicitantes de asilo a Estados Unidos.
«El Acuerdo de Tercer País Seguro ha sido fuente de graves violaciones a los derechos humanos durante muchos años, algo que este fallo confirma sin lugar a dudas», declaró Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional en Canadá, uno de los grupos que presentaron la demanda. «No puede permitirse que eso continúe ni un día más».
Un correo electrónico enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington para solicitarle declaraciones no fue respondido de momento.
Una ex agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Ottawa, que ayudó a elaborar los detalles de la puesta en marcha del acuerdo, dijo que el fallo critica principalmente al gobierno canadiense por enviar a los solicitantes de asilo a Estados Unidos en una forma que viola la carta canadiense.
«Ciertamente es una amplia crítica a la política de Estados Unidos de detener a los solicitantes de asilo», afirmó el miércoles en un correo electrónico Theresa Brown, nueva directora de inmigración y política transfronteriza en el Centro de Política Bipartidista en Washington.
Desde que Trump asumió la presidencia en 2017, decenas de miles de personas han cruzado a Canadá por lugares entre los puertos de ingreso oficiales, y fueron arrestadas, pero después pudieron solicitar refugio.
Muchos de esos migrantes que llegaron a Estados Unidos desde diversas partes del mundo —Siria, Congo, Haití y otras partes— solían dirigirse al norte de Nueva York y después hasta Roxham Road, una carretera secundaria en la localidad de Champlain, la cual se termina en la frontera. De ahí cruzaban a pie, eran arrestados y generalmente dejados en libertad, con la esperanza de que las políticas canadienses les dieran la seguridad que a su parecer no les brinda el clima político en Estados Unidos.
De acuerdo con reglas especiales establecidas por Washington y Ottawa para enfrentar la pandemia de COVID-19, la mayoría de quienes cruzan ilegalmente en cualquier dirección son ahora devueltos de inmediato al otro país.
Las organizaciones que presentaron la demanda alegan que, si el acuerdo es abandonado, ello le permitiría a Canadá cumplir sus obligaciones legales relacionadas con el trato a los solicitantes de asilo y que las personas se presenten en los puertos oficiales de ingreso, lo que pondría fin a los cruces ilegales.
