Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Siento un gran respeto por la gente que trabaja por todos aquellos que sufren alguna clase de discapacidad y encuentran tantas dificultades en un país que no muestra grandes avances en su legislación y reglamentación para hacerles la vida menos complicada y con más oportunidades. En ese sentido cualquier convenio institucional que se haga en las diferentes áreas de la administración pública es digno de encomio. Pero no deja de ser una verdadera ironía y llamar a risa que este Ministerio Público, el eterno vigilante que no ve, no oye y consecuentemente tampoco habla, anuncie con bombos y platillos que firmará un convenio de cooperación con el Comité Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala.
Y es que lo hace justamente cuando más se está notando la calidad de ciegos, sordos y mudos de los fiscales llamados a realizar las acciones que de conformidad con la Constitución les corresponden para preservar el Estado de Derecho en el país. Que en las condiciones actuales, cuando el asalto a la institucionalidad y al estado de derecho va viento en popa, es una vergüenza que la Fiscal General y sus fiscales emitan comunicados diciendo que se debe resolver conforme a derecho, lo que es una expresión cajonera porque ni modo que iban a pedir que se resolviera contra lo que establece el derecho.
Cuando se trató de presentar acciones para impedir la participación electoral de alguien a quien la Fiscal General tiene entre ceja y ceja, por obvias razones, no fueron ni lentos ni perezosos, mucho menos ciegos, sordos o mudos. Pero la norma general del Ministerio Público en todo lo que tiene que ver con las actuaciones de los que están aliados para asegurar impunidad y que persista la corrupción, la vigilancia es perpetua y se ejecuta, por lo visto y observado, como si la Fiscal fuera la dama que representa a la justicia, es decir con los ojos vendados y bien tapaditos.
Ojalá que el convenio con el Comité Pro Ciegos y Sordomudos sea para promover mejor atención en el Ministerio Público y oportunidades para la gente que sufre discapacidades visuales y auditivas y no a la inversa, es decir que se trate de incrementar la capacidad del Ministerio Público para no enterarse, ni de vista ni de oídas, de todo lo que está ocurriendo con el asalto al Estado de Derecho en el país y seguir con la parsimonia que ha sido característica como consecuencia de esa extraña forma de vigilancia. Por cierto dentro de las funciones constitucionales del Ministerio Público no aparece la de andar de vigilante, sino está la obligación de investigar los hechos para proceder a formular las acusaciones cuando esas investigaciones confirmen la comisión de actos delictivos.
La desobediencia de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, “conforme a derecho”, constituye un delito que tiene que ser perseguido. Se trata de un delito flagrante porque de manera pública y descarada se manda al diablo una resolución, continuando con la “pesquisa” que quedó sin materia y varios días de “vigilancia”, con la venda puesta, no han dado ningún resultado.
