David Martinez Amador

Politólogo. Becario Fulbright-Laspau del Departamento de Estado Norteamericano. Profesor Universitario,, Analista Político y Consultor en materia de seguridad democrática. Especialista en temas de gobernabilidad, particularmente el efecto del crimen organizado sobre las instituciones políticas. Liberal en lo ideológico, Institucionalista y Demócrata en lo político.

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David C. Martínez-Amador

El concepto se puede entender en varios sentidos. Primero, en un sentido más amplio, la lógica de alianzas público-privadas puede referir a los procesos colaborativos entre el Estado y la ciudadanía en general. Aquí, el concepto ´privado´ se refiere a la esfera privada de derechos, al entorno que no se asocia con lo estatal. En tal sentido, el Estado requiere, espera y solicita que los ciudadanos interactúen de forma conjunta a las dictaminaciones públicas. Por ejemplo. Cuando los procesos electorales toman lugar, se espera que los ciudadanos se informen con seriedad, madurez y tenga la voluntad de participar. Sin ello, ningún proceso electoral tiene sentido. En esta época de pandemia, cada vez que el Estado solicita que la ciudadanía guarde los protocolos esperados o muestre solidaridad entre ella, estamos refiriendo a la lógica colaborativa de las alianzas público privadas. Y sin duda, todo el tiempo que esta crisis dure, lo anterior será más que necesario.

El segundo sentido para comprender el concepto de las alianzas público privadas hace referencia a los ´sectores privados´, es decir, al gremio empresarial. En este plano la concepción abarca todas las segmentaciones empresariales, desde los pequeños, pasando por los medios hasta la gran industria. Sin duda, los sistemas democráticos robustos han visto como la clase empresarial puede encontrar puntos en común con el Estado para desarrollar agendas compartidas en términos de instrumentos así como objetivos. Sin estas alianzas, un sistema democrático no puede funcionar: El gremio empresarial apunta a rutas que el Estado puede no contemplar o desconoce pero el Estado aporta la legalidad del proceso. Y en algunos casos, parte considerable del financiamiento. En esta dinámica se pueden comprender las aperturas comerciales, la reforma del Estado así como la introducción de los nuevos instrumentos de gestión pública.

No será distinto con esta crisis. La administración del presidente Giammattei ha reconocido claramente, esta necesidad en el plano de la agenda de reactivación económica. Razón por la cual se comprende que el gobierno inyectará una enorme cantidad de recursos fiscales hacia sectores económicos estratégicos brindando así una oxigenación de capital. Dicho sea de paso, esto evitará que el sector empresarial recurra al crimen organizado para satisfacer la necesidad crediticia. La alianza público-privada en este caso, permite construir instrumentos segmentados para que la economía pueda de alguna forma sostenerse y retomar la ruta del crecimiento.

Es necesario reconocer que las dinámicas de tipo público-privadas, estas alianzas colaborativas estratégicas requieren la madurez para dejar de lados todos los prejuicios existentes. El Estado no debe ser percibido como el campeón de la ´lentitud´ ni el sector privado debe ser juzgado bajos los clásicos criterios anti-oligárquicos. En efecto, sin un Estado fuerte, robusto, sin instituciones sólidas y transparentes que generen procesos efectivos no hay sociedad que pueda permanecer. Y sin empresarios, tampoco es viable la existencia de una sociedad. Lo anterior es importante de aceptar.

El país lo necesita.

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