Raúl Molina
En las postrimerías del gobierno de Berger, la Comisión de Migrantes del Congreso se lanzó a proponer la creación del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), contando con el apoyo de redes de migrantes. La ley fue aprobada mediante decreto del Congreso en 2007. La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) señaló graves deficiencias en dicha ley, lo que llevo a que fuese revisada, antes de su publicación por el gobierno de Colom. La mayoría de las deficiencias, sin embargo, no fueron modificadas, particularmente su falta de integración de la sociedad civil a las decisiones y la falta de manejo democrático, que han sido fuente de sus fallas. Pensado como experimento que coordinaría las acciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de migración, demostró ser un fracaso en el cumplimiento de sus objetivos, sin la libertad necesaria para desarrollar su trabajo. La RPDG insistió durante casi diez años en la necesidad de reformar la Ley, señalando las fallas y las modalidades de superarlas. Hoy, ha llegado a la conclusión, dados su ineficacia y desperdicio de recursos, que no debe seguir existiendo. Esa entidad y sus recursos han sido utilizados con fines politiqueros; fue instrumentalizada por los gobiernos de Otto Pérez y Jimmy Morales, haciéndose poco por las y los migrantes y mucho a favor de la corrupción. Jimmy, con su abyecta sumisión a Donald Trump, no tuvo ningún empacho en traicionar a nuestros connacionales en Estados Unidos, pese a que algunos de ellos apoyaron su engañosa candidatura. Fue el responsable de que Conamigua pasara a ser cero a la izquierda en materia de migración, por no protestar ante ninguna de las medidas inhumanas y violadoras de los derechos humanos decretadas por el mandatario estadounidense, que han llegado a ser crímenes de lesa humanidad. Durante ese oscuro período, Conamigua daba bandazos y ponía sus recursos al servicio del corrupto presidente, demostrando la sin razón de su existencia.
Algunas personas piensan hoy, unas pocas con buena intención y muchas más muy pícaras, que Conamigua puede corregirse mediante la reforma de la Ley y su Reglamento. Para nosotros es vana ilusión o más “atol con el dedo”. Giammattei tuvo la oportunidad de poner límites a la sumisión ante Estados Unidos, desechando el acuerdo inconstitucional que firmó Jimmy y pidiendo un tratamiento, como ahora dice, de “aliado”; pero no tuvo la capacidad ni la voluntad para plantear un trato nuevo, mucho menos el tratamiento digno que el país se merece. En lugar de solicitar medidas para cambiar la fortuna de las y los migrantes de Guatemala y de sus comunidades ante la impactante pandemia, sigue permitiendo que los “vuelos de muerte” del norte nos sigan contaminando y padece de diarrea cada vez que se le sugiere que solicite el TPS para nuestros connacionales. ¿Qué sentido tiene Conamigua ante esta trágica situación? Ninguno. La RPDG considera que debe dejar de existir en junio y que sus recursos sean trasladados para reforzar los consulados en Estados Unidos, incluyendo la contratación transparente de abogados que defiendan a las y los guatemaltecos. ¡No más Conamigua!
