Juan Antonio Mazariegos
El Presidente de la República Alejandro Giammattei, anunció esta semana que promoverá una reforma constitucional al sector justicia. La reforma anunciada, sobre la cual hay más expectativas y conjeturas que documentos que puedan analizarse, al parecer buscaría cambiar el sistema de Comisiones de Postulación, eliminando las mismas y dando paso para que ciertas entidades, con el Ejecutivo, el Legislativo, la Universidad de San Carlos, las Universidades Privadas y el Colegio de Abogados designen directamente a 3 Magistrados cada uno para integrar una Corte Suprema de Justicia de 15 miembros.
El anuncio (que se realiza en medio de un malogrado proceso de elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, cuya toma de posesión debió darse en octubre del año pasado y que se encuentra en un nuevo embrollo, luego de que la FECI, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, trasladara la lista de candidatos a Magistrados que tuvieron relación con Gustavo Alejos al Congreso de la República), no hace más que canalizar las voces de muchos que van en contra del sistema de las Comisiones de Postulación, el cual fracasó en su intento por entregar al país jueces y magistrados imparciales, idóneos y no comprometidos con interés obscuros.
Dentro de toda esta situación y sin perjuicio de conocer más detalles sobre la propuesta de reforma constitucional relacionada, saltan a la vista dos puntos importantes. El primero, relativo a analizar la implicación directa que tendrían ahora las entidades propuestas de elegir a los futuros Magistrados, en contraposición a la función actual que tienen, la cual implica postular para que el Congreso elija a los Magistrados. Y en segundo lugar, la conveniencia o no de que la Academia y el Colegio de Abogados participen directamente en esa designación, pasando a primera línea de la elección de Magistrados.
Entiendo el supuesto de que en la Academia y en las instituciones gremiales debieran coincidir los mejores y mayores valores cívicos, académicos, éticos y morales que permitieran llevar a esas instituciones a elegir a los mejores y más aptos candidatos a un puesto que, como el de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de integrante de una Sala de Apelaciones, debiesen estar reservados solo para aquellos que luego de una larga e intachable carrera pudiesen impartir justicia en nuestro país. Sin duda, lo mismo pensaron los que idearon las Comisiones de Postulación e involucraron a las Universidades y al Colegio de Abogados en las mismas. Lo que no midió nadie en aquel entones y corremos el riesgo de no medir nuevamente con esta propuesta de reforma, es la talla del monstruo al que se enfrentan esas instituciones y pongo sobre la mesa nada más, el analizar, si no es mejor que podamos retirar a las Universidades y al Gremio de Abogados de ese poder, para que no todo caiga en la olla de la podredumbre y vuelvan las Facultades de Derecho y el Colegio de Abogados a transformarse en los contrapesos que necesita este país para no ir a la deriva.
Ante semejante tarea, la necesidad de que participen las mejores instituciones es innegable, sin embargo, ya probamos y no nos fue nada bien, perdimos al Colegio de Abogados y se volvió negocio de influencia el tener una Facultad de Derecho. Quien dice que ahora no será peor, si bajo el nuevo sistema eligen directamente y tienen más poder.
