Por BEN FOX
WASHINGTON
Agencia AP
Una política del gobierno de Estados Unidos para expulsar de manera expedita a la mayoría de los migrantes detenidos a lo largo de sus fronteras durante la pandemia de coronavirus fue prorrogada indefinidamente y un funcionario de salud de alto rango alegó que lo que había sido una orden a corto plazo seguía siendo necesaria para proteger al país del COVID-19.
La orden emitida por el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a expulsar de manera expedita a migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, con el fin de evitar la posible propagación del virus mientras están detenidos.
El gobierno del presidente Donald Trump emitió en marzo la primera orden con vigencia de 30 días, y fue prorrogada por otro mes en abril. La nueva versión no tiene una fecha de expiración, aunque señala que los CDC revisarán los datos de salud pública cada 30 días para garantizar que sigue siendo necesaria.
Los funcionarios del gobierno han defendido la política frente a las críticas de defensores de derechos humanos, quienes dicen que Estados Unidos está usando la salud pública como un pretexto para negar a las personas su derecho de solicitar asilo y para implementar políticas dirigidas a motivar a algunos de los simpatizantes del mandatario en año electoral.
«El objetivo de Trump no es proteger nuestra salud, es sembrar la división e impulsar su agenda política», aseveró Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración para la Unión Americana de Libertades Civiles.
Bajo el amparo de esta política, la CBP ha estado enviando a migrantes mexicanos y centroamericanos que detiene a lo largo de la frontera suroeste de regreso a México en aproximadamente dos horas. Está enviando a personas de otros países al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para una rápida repatriación, expulsando a gente que podría haber permanecido en el país durante meses, o incluso años, para presentar solicitudes de asilo.
Human Rights First, una organización no partidista de derechos humanos, dijo que la orden de los CDC ya se ha utilizado para cerrarles el paso y expulsar a miles de solicitantes de asilo a lugares peligrosos.
«Esa nueva prórroga de la orden de los CDC pondrá fin a las protecciones de Estados Unidos a refugiados y menores en la frontera de manera indefinida, poniendo vidas en riesgo en lugar de salvarlas», dijo Eleanor Acer, directora sénior del grupo para la protección de refugiados.
«No hay duda de que el gobierno de Trump ejercerá esta restricción indefinida para expulsar y bloquear a los solicitantes de asilo y niños durante muchos meses o más, posiblemente hasta que su gobierno ya no esté en el cargo», añadió.
Estados Unidos también está expulsando de manera expedita a los migrantes que cruzan la frontera con Canadá, aunque son muchos menos que los detenidos en la frontera sur.
Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo al anunciar la ampliación que las restricciones han sido una de las herramientas más importantes que el departamento tiene «para evitar una mayor propagación del virus y para proteger del COVID-19 a los estadounidenses, a los agentes de primera línea del DHS, y a aquellos que están bajo su cuidado y custodia».
La orden anterior iba a expirar el miércoles. Redfield dijo que la nueva permanecería en vigor hasta que «el peligro de una mayor introducción del COVID-19 en Estados Unidos haya dejado de ser un grave riesgo para la salud pública». También apuntó que todavía faltan varios meses para que haya una vacuna o tratamiento para el virus y que los casos aumentaban en Estados Unidos, Canadá y México.
En marzo, Canadá, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras por acuerdo mutuo a los viajes no esenciales para ayudar a controlar la propagación del virus.
Trump añadió en abril una orden ejecutiva que suspendió la inmigración a Estados Unidos por 60 días, con el propósito de limitar la competencia por empleos en medio del colapso económico provocado por el brote.
Desde hace tiempo, el presidente ha abogado por restricciones sobre la inmigración legal e ilegal, y durante años ha expresado preocupación por los extranjeros que compiten contra los estadounidenses por empleos. Pero rechazó que estuviera usando el virus para cumplir una promesa de campaña en año electoral.
También el martes, el gobierno de Trump pidió a un tribunal federal de apelaciones que le autorizara poner fin a un acuerdo que impone límites en la detención de niños migrantes.
El abogado del Departamento de Justicia, August Flentje, declaró ante un panel del Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito en California que «las repetidas crisis fronterizas provocadas por la migración irregular de familias» necesitan que el gobierno adopte nuevas reglas y reemplace lo que es conocido como el acuerdo Flores.
En documentos entregados a la corte, los abogados de migrantes dijeron que poner fin al acuerdo otorgaría al ICE nuevos poderes para detener a los niños y padres de familia de manera indefinida y «destruiría su derecho a una revisión neutral de si son elegibles para la liberación».
