Julio García-Merlos
Twitter: @jgarciamerlos
Un impuesto por su propia naturaleza no se puede catalogar como solidario. Por eso se llama impuesto, nace de un mandato legal y el incumplimiento de su pago acarrea consecuencias administrativas y penales. Por el contrario, la solidaridad es una de las más altas manifestaciones del espíritu humano, implica un acto voluntario para unirse a la causa o empresa de otros.
Irónicamente, en Guatemala existe un Impuesto de Solidaridad (ISO) aprobado en 2008 y en vigencia desde el período fiscal 2009. El primer antecedente de esta carga tributaria fue la Cuota Anual de Empresas Mercantiles, luego se convirtió en el Impuesto de Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) que fue declarado inconstitucional; ante esta situación, durante la administración de Oscar Berger, el gobierno llegó a un acuerdo con el sector privado organizado para la aprobación del Impuesto Extraordinario de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP), vigente hasta diciembre del año 2008 en el que se creó el ISO.
Se trata de un impuesto cuya estructura carece de lógica económica, puesto que obliga a pagarlo en forma trimestral y es acreditable al Impuesto sobre la Renta, lo que en la práctica hace que se convierta en un pago adelantado de este último. No permite la acumulación de capital y el mantenimiento de la liquidez tan preciada en estos complicados tiempos.
En la parte considerativa del decreto que lo contiene se indica que es un mecanismo que se aprobaba en tanto se promulgara una ley de modernización del Impuesto sobre la Renta. Desde que entró en vigencia, se promulgó la Ley de Actualización Tributaria en el año 2012 que incluyó modificaciones legales para modernizar el sistema tributario guatemalteco, sin embargo, en esa oportunidad no se derogó la normativa del Impuesto de Solidaridad.
Afortunadamente, en medio de esta crisis, algunos diputados como Cristian Álvarez de CREO ponen propuestas sensatas sobre la mesa para su discusión. Derogar el Impuesto de Solidaridad contribuiría a la oxigenación de la economía, en especial, a de los negocios que necesitan liquidez con urgencia para poder mantener sus operaciones y seguir pagando los salarios a sus colaboradores.
La crisis económica en Guatemala se intensifica a medida que pasan los días, el Congreso de la República aprobó un endeudamiento enorme para atender la crisis, sin embargo, los niveles de ejecución de los fondos para atender la emergencia sanitaria y económica son bastante bajos; la ayuda no llega a quienes lo necesitan, mientras las empresas y los patrimonios de los guatemaltecos languidecen y sus deudas se incrementan.
En este contexto, como una genuina muestra de solidaridad, los diputados deben procurar que avance esta iniciativa de ley para aliviar las cargas en el bolsillo de miles de guatemaltecos, así dar oxígeno a las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Si los diputados y sus asesores son reacios a reducir sus salarios o dietas; tampoco han donado para atender la crisis, entonces al menos deben quitar esta carga injusta.
Hagan uso de la herramienta que les proporciona la Constitución en su artículo 176, derogar el ISO es un asunto de urgencia nacional.
