Víctor Ferrigno F.
El 11 de mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó su tercer Informe Especial intitulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”. Sostiene que en esta edición se actualizaron las cifras macroeconómicas derivadas de la crisis sanitaria global y se midieron sus diferentes impactos socioeconómicos, que evidencian un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y reflejan la matriz de la desigualdad en la región.
La CEPAL reitera que ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, se deben implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.
Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, tales como: a) garantía universal de ingresos; b) acceso universal a las pruebas y a la atención médica; c) a los servicios básicos y a la vivienda; d) a la alimentación adecuada y a la educación, con otras de mediano y largo plazo: e) salud universal; f) estrategias de inclusión laboral en el período de la recuperación, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.
La CEPAL estima una caída del 5.3% del PIB y un aumento del desempleo de 3.4 % para 2020, por lo que es plausible que la pobreza en América Latina (AL) aumentará al menos 4.4% (28.7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2.6% (15.9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83.4 millones de personas.
Guatemala acusa el mayor índice de pobreza extrema (19.8%) de AL; si se hace poco o se fracasa con las medidas de contención, este inhumano índice crecerá al 21.4%, en promedio. En esas circunstancias, la pobreza podría crecer del 48.6% al 50.5%. En caso de reducirse las remesas provenientes de los inmigrantes, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen, lo cual es muy probable considerando que la economía estadounidense ya entró en recesión, y en abril perdió 20.5 millones de empleos.
Un país en el que la mitad de la población es pobre, constituye un Estado fallido. Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete gravemente la posibilidad de ponerles fin en todas sus formas y en todo el mundo en 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 1), e impediría el logro de todas las metas del ámbito social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En consonancia con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también aumentará la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%.
Para enfrentar esta crisis sistémica, la CEPAL recomienda una serie de medidas de protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, garantizándoles los ingresos, la seguridad alimentaria, los servicios básicos y la creación de nuevas transferencias monetarias por 3 a 6 meses, que debieran alcanzar el 2.9% del PIB.
Guatemala registra el menor índice de recaudación fiscal (13% del PIB) de AL, y una altísima evasión y elusión impositiva, que en 2018 alcanzó los Q 41mil millones. De su recuperación deberán salir los fondos para todas estas medidas sociales que, de manera concertada, deberán incluirse en un Plan Nacional de Contingencia frente a la pandemia y el hambre.
Hasta ahora, la sana distancia se convirtió en distanciamiento social, pero la gente tiene hambre y se está organizando; si no construimos un nuevo pacto social, llegará el estallido social, la represión y el caos.
