Francisco Cáceres Barrios
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La política no rima con aspectos en donde se entremezclan asuntos técnicos, científicos, administrativos, de control o la ejecución de protocolos, lo que ha venido ocurriendo con la aplicación de normas dictadas por el presidente Giammattei, respondiendo a la situación de emergencia con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19. El más reciente caso es el llamado de atención que se hizo a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- porque entre otras cosas, a su juicio, no se atendió adecuadamente a un recién fallecido paciente de la tercera edad, quien fue mandado a su casa, aun sabiendo que había sido contagiado del citado virus.
Por lógica, no digamos por obligación legal, el IGSS no debió haber procedido de esa manera, sabiendo que si al paciente no se le atendía adecuadamente e incumplía la cuarentena, también podría contaminar a muchas personas más, como que debido a su avanzada edad, era muy posible que sus padecimientos se vieran agravados sin poderlo atender a distancia con la prontitud y eficiencia esperada.
Pero algo tan básico y sencillo de entender, en vez de ser comprendido dentro del marco puramente científico, fue interpretado de distinta manera por muchas personas y medios de comunicación e incluso, se calificó la llamada de atención presidencial como consecuencia de que el IGSS, hace algunos días, no haya atendido la solicitud presidencial de cubrir con sus recursos el desempleo consecuente con la paralización de la función productiva, para evitar el contagio de la pandemia que estamos padeciendo y hasta hubo quienes llegaron a interpretar lo dicho por el presidente Giammattei como evidencia que él y el CACIF tienen la intención de privatizar la seguridad social guatemalteca.
A mi juicio, todo lo anterior solo es útil para destruir, cuando ahora más que nunca debiéramos estar completamente dedicados no solo a combatir eficazmente la pandemia que nos afecta, sino a construir el andamiaje de salud, bienestar, protección, seguridad y asistencia social que nuestro país necesita con carácter de urgencia, labores impostergables que a este gobierno le ha tocado implementar por azares del destino, después del inocultable abandono en que lo tenían los gobiernos anteriores.
Comprendo y entiendo perfectamente que a la mayoría de ciudadanos todavía no tengamos plena confianza del decir o hacer presidencial, situación causada por el mal comportamiento de los gobernantes anteriores, no digamos para poder analizar, aquellos problemas que puedan surgir durante la implementación de programas o actividades como el que ahora estamos viviendo pero, eso no significa que podamos hacernos de la vista gorda para no percatarnos de errores garrafales en la atención de un paciente.
No debe olvidarse la diferencia abismal que existe entre los servicios de la salud pública, condicionados a las posibilidades presupuestarias gubernamentales, en comparación con los que obligadamente debe prestar la seguridad social, la que debe cumplir con dar las prestaciones en dinero y en servicio que cada afiliado tiene derecho a recibir como contribuyente al régimen.
