Juan Antonio Mazariegos
Ya es una decisión tomada, se percibe en el aumento en el tráfico de los últimos días de esta semana y en la circulación extensiva de protocolos de prevención que adoptan miles de empresas que se aprestan retomar actividades en los próximos días. Las últimas medidas presidenciales, dentro del estado de calamidad establecido para combatir la pandemia de COVID 19 y los mismos mensajes de gobierno, apuntan hacia una fase de desescalada sobre las medidas de restricción que se habían implementado.
La factura al sector económico será incalculable, en un país como el nuestro donde únicamente el 30% de la economía es formal, no se llegará a saber jamás el verdadero impacto que la pandemia y el costo que tuvieron las medidas para prevenirla. Es más, al día de hoy, nadie sabe con certeza cuanto más se extenderán los efectos sobre la economía y solo se reconoce que los mismos variarán en intensidad y duración según el segmento o industria sobre el que se relacione.
La Organización Panamericana de la Salud ha sido muy clara al dirigirse a los países del continente pidiendo que hagan una reflexión sobre el equilibrio que debe existir entre la recuperación económica y el número de muertes que se pueden asociar a una desescalada de medidas sanitarias, si esta no se realiza en un escenario donde se controle las transmisión de la enfermedad y se cuente con un plan claro y estructurado para esa transición.
Sin duda, todos estamos claros que las bajas estadísticas en cuanto contagios y decesos por la enfermedad, se deben por un lado a la pronta aplicación de medidas restrictivas de movilidad y limitaciones que implemento el Gobierno, así como también a la carencia de pruebas para detectar el COVID 19, no tenemos los recursos para realizar las miles de pruebas que recomiendan los especialistas en salud o que vemos en las noticias de países del primer mundo y de allí la ceguera en cuanto al alcance del mal.
En medio de todos estos escenarios, las empresas y los trabajadores se aprestan a retomar actividades tratando de implementar medidas de distanciamiento social, uso intensivo de gel antibacterial, mascarillas, control de temperatura y otra serie de medidas que recibirán a aquellos cuyos centros de trabajo puedan costear la implementación de las mismas, en un escenario totalmente distinto al que había antes del 15 de marzo cuando se ordenó el confinamiento de la población. El reto será enorme, restricción de oferta y de demanda, falta de liquidez, variaciones de costos, mutación de los modelos de negocio, ausencia de apoyo por parte del Estado que concedió 15 días de plazo para el pago de las obligaciones tributarias durante el mes de marzo y que luego se quedó empantanado, como buena burocracia, en tratar de hacer llegar a los trabajadores y las empresas las ayudas ofrecidas con los fondos de emergencia que se crearon con el propósito de mitigar la crisis.
El riesgo es enorme, sin duda son miles de personas las que no tienen otra alternativa, viven al día y no nos queda más que procurar cumplir con todas las medidas de prevención que nos sea posible. Generar protocolos de salud, implementarlos y velar por que se cumplan debe de ser un objetivo común de gobierno, empresas y trabajadores, solo así podrá tener éxito la misma reactivación que se pretende.
