María José Cabrera Cifuentes
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A partir de la elección de los nuevos Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se ha intentado, aunque fallidamente, poner en cintura a los partidos políticos, tratando de hacerles cumplir por lo menos con el artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el que se especifican las normas para hacer propaganda y campaña electoral.
El verdadero meollo del asunto se encuentra en que el Tribunal Electoral (he omitido el “Supremo” a propósito) perdió su supremacía en algún lugar a lo largo del camino o quizá jamás ostento tal propiedad. La realidad de las cosas es que a pesar de las aparentes buenas intenciones de la Magistratura actual, la incapacidad de la Institución de ejercer una coerción real sobre los Partidos Políticos es inminente al permitírsele a estas entidades acudir ante distintas instancias, en las cuales no les falta sin duda uno que otro adepto, para quejarse y revertir las disposiciones de ese Tribunal de escaso alcance.
De esta cuenta y a manera de ejemplo, tenemos como resultado a los afiliados y dirigentes de un Partido Político reuniéndose en una sede supuestamente suspendida por un supremo mandato no acatado. Esto por ser considerado injusto por los discípulos que respaldan a su pseudojesucristo del siglo XXI; la intentona, con dudosos objetivos, de la desvinculación de ese mismo partido de su máximo líder (que nos recordó a aquel divorcio de hace algunos años en el que la protagonista quedó vestida y alborotada al impedírsele contraer nupcias con su pretendido: “el pueblo”,). También resulta en un partido oficial que sin hacerlo expresamente ha incurrido en una campaña de autoexaltación evidente, llegando a pedir recientemente a través de la voz de un conocido y controvertido personaje, probablemente próximo candidato presidencial, la continuidad en el poder del Partido.
En detrimento de nuestra democracia o mejor dicho de nuestra “electoracracia” la debilidad tradicional y aceptada de la supuesta máxima autoridad electoral impide un procedimiento justo y apegado a la ley en lo relativo al acceso al poder; y si las actuaciones relacionadas con ilegalidades comienzan incluso antes de haber escalado el trono, ¿qué nos puede esperar una vez que estos individuos y agrupaciones han alcanzado las alturas? (Respuesta: lo mismo de siempre)
Es importante como ciudadanos exigir el respeto a las decisiones tomadas por el TSE, así como demandar que se deje de postergar una reforma seria a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que contemple sanciones verdaderas y coercitivas para quienes aspiren a dirigir el país y que, finalmente, asegure la preeminencia de un órgano cuyos mandatos en materia electoral sean acatados definitivamente.