En muchos países hemos visto cómo los dirigentes se tratan de beneficiar políticamente de la crisis utilizándola para llevar agua a sus molinos políticos, lo cual constituye, sin duda alguna, uno de los peores errores que se pueden cometer en un momento como el que vive la humanidad. El dilema que se plantea a los gobernantes es la necesidad de priorizar la salud pública o la actividad económica, entendiendo que ambas no pueden resguardarse al mismo tiempo porque para evitar los contagios se impone el distanciamiento social y ello repercute, por fuerza, en la dinámica de la economía porque se tiene que limitar el ritmo de la producción y el comercio.
Cuando los políticos están seriamente comprometidos con la población que les eligió, por supuesto que entienden que lo primero es el tema sanitario porque están en juego muchas vidas, aunque entienden que el tema económico golpea, pero se complica todo cuando tienen compromisos derivados de los financiamientos electorales y se sienten presionados por el pronto regreso a la “normalidad” que permite la reactivación de la economía.
De hecho, la economía mundial se ha resentido, y mucho, por la pandemia del coronavirus y no porque un país pueda reactivar su vida social y productiva rápidamente va a eliminar las consecuencias que trae esta especial situación, pero sí puede ocurrir que por actuar con imprudencia no sólo exponga a más gente, sino que además haga que la crisis se prolongue mucho más en el tiempo, con las lógicas repercusiones en términos de producción y economía.
El hecho es que estamos en una crisis de salud y los gobiernos se tienen que nutrir con el conocimiento de los expertos que entienden mejor las implicaciones de la pandemia del coronavirus y, específicamente, del COVID-19 puesto que es indiscutible que ante el riesgo de una propagación que causaría muchas muertes, es imperativo tomar en cuenta el parecer de los expertos mejor calificados, aunque sus opiniones muchas veces puedan ser molestas para las autoridades.
En Guatemala tenemos muchos especialistas bien calificados tanto en el tratamiento de enfermedades infecciosas como en el manejo de epidemias; es gente que ha dedicado su vida al estudio y cuyo consejo puede ser sumamente valioso para un equipo de dirección del ministerio de Salud que no se conformó pensando en lo que se venía, sino que se integró con los criterios tradicionales para esa pobre y exprimida cartera. Oír a expertos no es desdoro, en ningún sentido, y puede dar mucho a quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar una pandemia mortal con las deficiencias estructurales de un sistema despedazado por la corrupción.
