POR HEDY QUINO
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Derivado de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, se estima una crisis económica en el país y ante el posible riesgo de que se den saqueos y motines, el Pacto Ciudadano propone tres ejes para rescatar la economía del país, además de atender los urgentes problemas de salud, según indica en un comunicado de prensa.
El primero consiste en una liquidez para empresas, el cual se tiene que hacer por medio de un esfuerzo privado y público.
En relación al esfuerzo privado, el Pacto Ciudadano explica: “Para favorecer la continuidad de la producción y evitar la inflación, la banca comercial, microfinancieras, cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, grupos de ahorro y todas las instancias de crédito comercial debiera liderar un proceso de inyección de liquidez, con atención a las economías locales y complementado con asistencia productiva y comercial para los grupos más vulnerables”.
El Pacto Ciudadano realizó una serie de propuestas para atender la crisis generada por el COVID-19. ?? pic.twitter.com/n1lEMKvGPa
— Diario La Hora (@lahoragt) March 29, 2020
En relación con el esfuerzo público, la entidad indica: “Corresponde asegurar liquidez para las empresas, especialmente medianas y pequeñas en el sector formal, permitiéndoles cubrir sus obligaciones con los trabajadores (pago de planilla), para evitar despidos. Se recomienda que el gobierno cubra una proporción de la planilla, pagando medio salario mínimo o 66% del ingreso medio de los trabajadores clasificados como “empleados privados” (2.5 millones, sin incluir jornaleros) Este alivio podría cubrir tres meses y tendrá un costo de Q11.4 millardos”.
ACCIONES PARA EL SECTOR INFORMAL
La segunda propuesta del Pacto Ciudadano tiene que ver con transferencias que el gobierno debe realizar al sector de la economía informal.
“Corresponde transferirle efectivo a las familias cuyos miembros trabajan principalmente en el sector informal, e incluyendo a jornaleros, que ante la contracción económica pueden sufrir las consecuencias de una mayor desnutrición, miseria y muerte, y ser el origen de motines y saqueos”, explica.
“Al menos 10 millones de personas, o 2 millones de familias, ya están en una situación de pobreza. Si se les transfiera Q500 por mes, intención no cumplida en los últimos años, el monto total transferido por mes sería de Q1 millardos. Dificultades para implementar este programa, atrasaría su inicio por un mes, lo cual resulta en un costo de Q2 millardos durante los 3 próximos meses”, agrega.
SECTOR AGRICULTOR
El tercer eje que propone la entidad es para atender las necesidades del sector agricultor.
“Disponibilidad, acceso a los alimentos, y otros ejes de la economía rural: Debe mantenerse una demanda que permita a los pequeños y medianos agricultores continuar produciendo granos básicos y alimentos durante el resto del año, garantizar que los sectores de menores ingresos tengan acceso a estos alimentos y evitar que aumenten sus precios”, explica.
“Puesto que las instituciones públicas no cuentan con la capacidad logística para comprar y distribuir estos productos, el gobierno debiera coordinar con los sectores privado y cooperativo un esfuerzo selectivo de compras que requeriría por lo menos Q 15 millardos para poder extender estas compras al conjunto de ejes de la economía rural, alimentos no procesados, incluyendo granos básicos, hortalizas, ganado bovino y porcino, aves, leche y huevos”, añade.
CRÉDITOS PARA EL GOBIERNO
El Pacto Ciudadano explica en el comunicado de prensa, que el conjunto de compromisos señalados sumaría un total tentativo de más de Q 28 millardos. El Artículo 133 de la Constitución de Guatemala establece” excepciones que permite al Banco de Guatemala otorgar crédito o dar garantías al Estado para atender catástrofes y desastres públicos”.
Estere requiere “ser aprobado por las dos y terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, a solicitud del Presidente de la República”. Asegurar estos recursos requeriría una solicitud del Presidente de la República al Congreso para que le concediera un crédito por el monto requerido, con condiciones establecidos por el Congreso, añade la comunicación.
“El plazo para el pago de este crédito podría ser de 50 años, con un período de gracia de 15 años durante los cuales no se pagarían amortizaciones ni intereses, aunque con una tasa de interés razonable (3%), que el gobierno tendría que comenzar a pagar, junto con la amortización del capital, posteriormente”, explica la entidad.
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
“Para atender las legítimas preocupaciones sobre una posible malversación fondos, se proponen: Un Comité Multi-Sectorial de Supervisión, integrado por Representantes del Sector Privado, la Sociedad Civil, las Cooperativas y el Gobierno, para asegurar una supervisión estratégica y una adecuada rendición de cuentas”, dice el Pacto Ciudadano.
“Una Oficina Ejecutiva de Monitoreo y Seguimiento, con capacidades de evaluación, control cruzado y seguimiento a procesos, que deberá rendir informes mensuales del avance de cada uno de los Ejes de Trabajo del Programa al Congreso y a la ciudadanía en general. Podrá estar adscrita al Ministerio de Finanzas o a la Junta Monetaria”, agrega.
“La rendición de cuentas y la auditoría ciudadana del uso de los recursos propuestos, incluyendo su fiscalización continua por parte de la Contraloría General de Cuentas, deberá ser una parte integral de este programa de rescate”, concluye.
