JOSÉ ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
En estos tiempos de pandemia, contar con agua es esencial, más que nunca, para conservar la vida. Mundialmente los protocolos de prevención y contención del COVID-19 establecen lavarse las manos con agua y jabón constantemente; entonces ¿cómo podrán los guatemaltecos cumplir con esta recomendación si la mayoría vive en pobreza y pobreza extrema?, es decir sin acceso al vital líquido.
Hace treinta y cinco años, los constituyentes establecimos, sobre el régimen de aguas, en el artículo 127, “que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social.” Este mandato constitucional de legislar sobre el agua y su uso se encuentra pendiente desde entonces. No voy a escribir sobre el mal uso que se le da, la contaminación o cómo no hemos sido capaces de hacerla accesible para las comunidades, siendo esto una de las causas de que nos encontremos en los últimos lugares del índice de desarrollo humano.
El Congreso, históricamente ha sido incapaz, o es solícito con sus financistas, en la aprobación de la legislación en esta materia. En esta crisis los diputados podrían resolver en definitiva deudas legislativas como ésta, pero ni siquiera la tiene en agenda, sin importar que estemos hablando, una vez más, de la vida de los guatemaltecos.
A partir de la vigencia de la constitución, se registra que la primera iniciativa para regular el uso del agua fue presentada en 1990; y, entre 1992 y 2008 se presentaron seis iniciativas más, cinco de todas ellas quedaron sin dictamen y las otras dos fueron dictaminadas en forma desfavorable. El tema se retoma en 2016 con cinco iniciativas y una más en 2017; otra vez, cuatro fueron archivadas, pero dos fueron dictaminadas y unificadas en una sola que tampoco tuvo avances.
Las medidas de higiene y el distanciamiento social, por el momento, son las únicas medidas para atacar esta pandemia, según lo dicho por expertos, en la promoción de información del Gobierno o de cualquier entidad relacionada con la salud, pero en Guatemala no hay agua ni para beber. Sin ir muy lejos, en la capital el Alcalde sería popular si regalara agua en los barrios, pero por el contrario es un adversario, junto al actual Gobierno, de las propuestas que realizaron varios bloques para aplazar los pagos de agua, luz, teléfono, etc., y que finalmente no se aprobó por el Congreso. Por si fuera poco, el Alcalde anunció que no habrá agua en dos zonas, fiesta para los que lucran.
Todos estos aspectos requieren de voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo, deben ser abordados en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que hasta la fecha no ha querido ejercer el papel que le corresponde como ente rector de la materia.
Diputadas y diputados, este un tema fundamental que la crisis les permite regular, allí está el dictamen, que no les preocupe tocar los intereses de sus financistas, porque está latente la necesidad de la población, que al final es la que paga las consecuencias de la falta de regulación. Prioricen al ser humano de manera tal que el juramento de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, el cual prestaron el recién pasado 14 de enero, se vea materializado.
