José Roberto Alejos Cámbara
Mundialmente se reconoce que la crisis sanitaria producida por el COVID-19 apareja una enorme crisis financiera. El sector privado ha reaccionado indicando que es necesario reactivar la economía, impulsando, entre otras cosas, que se aprueben reformas a la Ley de Alianzas público privada y la Ley de Leasing. En estos momentos de crisis será bueno conocer las muestras de verdadera responsabilidad social y solidaridad.
Pienso en el trabajador en la informalidad, el que gana por día, el pequeño empresario, los artesanos y artistas, los guatemaltecos que no pueden esperar la reactivación económica. A estas alturas, los acreedores o proveedores están diciendo que ellos no esperan, el pago de los servicios básicos tampoco, y, peor aún los emisores de tarjetas de crédito.
En 1999 se presentó la primera iniciativa para regular la emisión de tarjetas de crédito, fueron los diputados del FDNG, Manuela Alvarado, Rosalina Tuyuc, Antonio Mobil, entre otros quienes la presentaron, lamentablemente no alcanzó ni el primer debate. Después se aprobó el Decreto 83-2002 que no entró en vigor; luego el Decreto 33-2003, con el único artículo que contiene el Código de Comercio relativo a las tarjetas de crédito, que en su momento fue impugnado ante la CC. Después Pablo Monsanto presenta otra iniciativa en 2006 que tampoco prosperó. A finales de 2008 el diputado Luis Contreras presenta una nueva iniciativa, que en los años en que fui presidente del Congreso no avanzó por no abordar la problemática en forma integral. Fue en 2013 que el mismo diputado Contreras propone la Ley de Tarjetas de Crédito. El ahora Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci presentó la propia, desde la óptica de la defensa del consumidor.
Sorpresivamente y de urgencia nacional la iniciativa de Contreras fue aprobada, después de dos años estancada solo con dictamen de comisión. Fue una reacción ante los acontecimientos de aquel año la plaza, la caída del PP y Lider, la victoria de Jimmy Morales. Los diputados votaron sin analizar la ley, se introdujeron algunos cambios ante evidentes inconstitucionalidades, pero no los suficientes y finalmente fue declarada inconstitucional. La ley no solo no entró en vigor para regular los cobros que caen en lo impagable, sin mencionar las maneras para cobrar, si no que como efecto contrario los emisores agregaron otros cobros; al final y a pesar de que la Ley se suspendió los nuevos cobros no. Finalmente un diputado quiso establecer en el Código Penal un nuevo tipo penal, en 2019 en plena campaña electoral, pero no pasó de ser propaganda política en redes sociales.
En esta emergencia sanitaria los mayores perjudicados son aquellos con escaso o nulo acceso al crédito, al capital de trabajo, hoy es el momento no solo de diferir los pagos por algunos meses, sino de resolver en forma integral. Basta ya de ir por lo urgente pero no por lo necesario. El Presidente de la República y el Congreso tienen la responsabilidad de adoptar medidas para solucionar problemas por años postergados y emitir legislación de calidad, sin parches y sin inconstitucionalidades. Por otro lado hago un llamado a la responsabilidad social de los emisores de tarjetas, esta es su oportunidad de demostrar solidaridad con los guatemaltecos que por años los han sostenido con el pago de exorbitantes cantidades de intereses, ustedes pueden adoptar medidas voluntariamente.
