Raúl Molina
Suena utópico; pero ante la falta de “enemigos reales” que justificarían la existencia del ejército, es imprescindible tomar la solución de Costa Rica de contar solamente con una guardia nacional para proteger las fronteras y defender la soberanía nacional. Esta opción no fue mencionada en el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, porque una de las contrapartes era el ejército mismo -las guerrillas se comprometieron con el desarme y pasar a la vida civil, mientras que el ejército no quiso que se le tocara más allá de lo que se logró en el acuerdo específico de su papel en una sociedad democrática. No sólo las decisiones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei contradijeron el acuerdo específico, sino que el comportamiento del ejército en los más de veinte años después de su firma y de la presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico hace de las fuerzas armadas un obstáculo para el Estado de derecho y la democracia. La carga negativa del ejército de Guatemala es enorme. Comenzó con la traición al segundo gobierno de la Revolución de Octubre, entregando el país a Estados Unidos en 1954; en 1963 dio el golpe de Estado, como institución, que instaló una dictadura militar y una política de generalizadas violaciones de derechos humanos; gobernó directamente, aunque con supuestas elecciones democráticas, con los generales Arana, Laugerud y Lucas, sumiendo al país en verdadero baño de sangre; en 1982 dio nuevo golpe de Estado e instaló al General Ríos Montt, para que implementara la política de genocidio y tierra arrasada; inventó la transición de gobierno militar a gobierno civil, bajo Mejía; y siguió siendo el poder real en el país, a pesar de la elección o designación de los gobiernos civiles de Cerezo, Serrano, de León y Arzú. Solamente con la firma de la paz en 1996 pasó el ejército a un papel secundario, del cual Pérez, Jimmy y Giammattei insisten en sacarlo.
Estas reflexiones surgen de la consulta que se me ha hecho para un artículo en la revista alemana Lateinamerika Nachrichten, sobre el tema “la remilitarización de Guatemala”. Me han hecho tres preguntas, muy pertinentes y profundas: ¿de qué forma está afectando la creciente militarización y su presencia en espacios civiles a la sociedad guatemalteca?; b) ¿de qué manera afecta o afectará esta situación a la memoria y el inconsciente colectivo de una sociedad de posguerra, como la guatemalteca?; y c) ¿qué puede hacer la sociedad guatemalteca para seguir resistiendo ante los crecientes ataques a sus derechos y a la institucionalidad democrática del país? Las respuestas no son fáciles y valdría la pena presentarlas a otros protagonistas, incluidos oficiales del ejército. En próximos artículos iré dando mis opiniones; pero, mi marco de referencia es que en vez de tener un ejército al servicio de Estados Unidos y los grandes ricos, debemos avanzar hacia su sustitución por una guardia nacional de defensa, pequeña y sujeta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Las nuevas tareas asignadas por los gobiernos, y el cuantioso presupuesto otorgado, van en contra del papel del ejército en una sociedad democrática.
