Nueva York/Europa Press
Más de 1 mil 100 antiguos fiscales y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos han pedido este domingo la dimisión del fiscal general del país, William Barr, por interceder de manera irregular en una causa penal al recomendar una reducción de sentencia a Roger Stone, el estratega político republicano y amigo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenado por mentir al Congreso y manipular testigos.
«Todos y cada uno de nosotros condenamos enérgicamente las interferencias del presidente Trump y el fiscal general Barr contra la administración de la justicia», según los firmantes, procedentes de todo el espectro político norteamericano.
Aunque agradecen las críticas formuladas esta semana por el propio Barr contra el presidente, de quien dijo que su actividad en las redes sociales «hace imposible» su trabajo, los firmantes creen que «los actos del señor Barr pesaron más que sus palabras cuando decidió aplicar las órdenes del presidente» sobre el caso de Stone.
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Varios fiscales del Departamento de Justicia estadounidense propusieron esta semana que el excéntrico ‘fontanero’ político fuera condenado a entre siete y nueve años de prisión por los cargos que se le imputan.
Sin embargo, el Departamento de Justicia emitió un documento que indicaba que Stone debería ser encarcelado, pero pedía una sentencia menor, lo que anulaba las consideraciones de los fiscales. Este documento se emitió horas después de que Trump criticara la sentencia públicamente mediante su cuenta de Twitter.
Barr ha defendido sus acciones. Ha especificado que apoya la condena de Stone, pero que pensó que la recomendación de una sentencia de entre siete y nueve años de cárcel era «excesiva».
Trump, por su parte, no ha admitido que presionara a Barr para efectuar esta petición, aunque ha matizado que estaría capacitado para hacerlo. «Esto no significa que, como presidente, no tenga legalmente derecho, aunque he elegido no hacerlo», señaló esta semana Trump en su cuenta de Twitter.
El Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la carta, recogida por el ‘New York Times’.