Siempre se ha dicho que los primeros cien días de un gobierno son decisivos porque marcan el rumbo que se tendrá durante todo un período y en el caso de la democracia guatemalteca, tan dañada por la persistente cooptación del Estado, obviamente se han dado expectativas a partir del 14 de enero y mucha gente pensó, con razón, que era difícil estar peor de lo que estuvimos durante el gobierno de Morales respaldado por el Pacto de Corruptos. Mañana se cumple el primer mes del gobierno actual y del inicio de una nueva legislatura a la que llegaron vientos de refresco con la incorporación de una centena de diputados que no estaban contaminados por las prácticas de ese pasado, tan reciente como tan desagradable.
El presidente Giammattei ofreció en su toma de posesión un discurso bien elaborado que abordó los principales problemas del país con claridad y eso hizo que la opinión pública sintiera reforzados sus anhelos de cambio positivo. Hubo una mancha ese día en la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso que fue descrita como una acción eminentemente partidaria y el mismo Presidente recién investido dijo que él dejaba a un lado su militancia en su partido para dedicarse a la unidad nacional. El caso es que el partido oficial, para tener el control del Congreso con una bancada escuálida, trabajó para crear una alianza que se nutrió de muchos de los representantes más cuestionados por su participación en el período anterior y que fueron la columna vertebral de las maniobras legislativas a favor de la impunidad que terminaron de sepultar, ante los ojos de la ciudadanía, a esa representación parlamentaria.
Pero menos de un mes después, cuando los jefes de bloque se habían puesto de acuerdo sobre la agenda de la sesión de esta semana y coincidieron sobre los temas que serían objeto de la discusión del pleno, de pronto sale una propuesta de curul para entrar a conocer una ley que ni siquiera la desprestigiada legislatura anterior se atrevió aprobar por las críticas que había generado y las evidentes inconstitucionalidades. La nueva Ley de Organizaciones No Gubernamentales fue desengavetada y, sin compartirla con el pleno, fue leída en la forma atropellada que estilan los Secretarios de la Junta Directiva. Surgieron voces en contra de la decisión inesperada y sorpresiva, pidiendo que al menos se diera tiempo para que los diputados nuevos conocieran el texto y contenido de la iniciativa, pero entró a funcionar una aplanadora que no es para nada edificante por la calidad de algunos integrantes.
En lo que fue el primer pulso para mostrar fuerza previo a la elección de las Cortes, una mayoría de diputados rechazó las advertencias de prudencia hechas por algunos representantes y a rajatabla, como se estiló para aprobar las leyes de impunidad y otras tantas deleznables del período anterior, votaron a favor de la nueva ley.
Nadie puede objetar que las Organizaciones No Gubernamentales tengan que rendir cuentas y ser fiscalizadas, pero tampoco nadie puede aceptar que sus fines tengan que ser del agrado de los diputados. Y menos de diputados que provienen, entre otros, de partidos vinculados al narcotráfico y que, por lo tanto, persiguen fines espurios.
El tema de esta ley puede ser el parteaguas decisivo que marque los próximos cuatro años y ello le atribuye aún mayor importancia.
