Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO
Agencia AP
Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- han fracasado a la hora de asistir y dar protección a los migrantes. Además, están desmantelando las políticas de asilo y refugio, denunció la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).
En un nuevo informe presentado el martes, MSF asegura que la situación para quienes migran en la región «no ha hecho sino empeorar» desde 2017 con miles de personas inmersas en un «círculo vicioso» porque cuando piden protección son tratadas como criminales y devueltas a las mismas condiciones violentas de las que huían.
«Se encuentran sin salida, atrapados en un conglomerado de muros burocráticos y barreras administrativas que les impide escapar de la violencia recurrente», indica el documento.
El informe muestra, además, cómo ciertas agresiones contra migrantes han aumentado cuando Estados Unidos endureció sus políticas migratorias, empezó a devolver a México a solicitantes de asilo de otros países y forzó a los gobiernos de la región a frenar de forma contundente los flujos migratorios hacia el norte.
El documento señala que en los nueve primeros meses de 2019 los casos de violencia sexual contra migrantes a su paso por México aumentaron un 134% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los secuestros a solicitantes de asilo retornados por Washington en ciudades como Nuevo Laredo también se multiplicaron. De enero a septiembre, un 18,6% de los pacientes de MSF atendidos en esa localidad fronteriza con Texas dijeron haber sufrido secuestros. En septiembre el porcentaje se elevaba a un 43,9% y en octubre llegaba al 75%. Según el informe, los secuestros podían durar varias semanas y en ocasiones los migrantes eran obligados a trabajar para sus captores.
Mark Morgan, jefe interino de la Patrulla Fronteriza, al ser preguntado por el tema reafirmó ayer la permanencia sin cambios del programa de devoluciones conocido como «Permanecer en México» y dijo que los datos de MSF no se corresponden con los que «nosotros escuchamos y vemos».
A juicio de la ONG, las políticas oficiales de criminalización del migrante han tenido «efectos devastadores» entre los que huyen de una violencia «comparable a la presente en zonas de guerra» o de la pobreza de Centroamérica porque han quedado más expuestos a las redes criminales o son objeto de «prácticas abusivas» por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense, como la detención en «condiciones inhumanas».
Pero no son los únicos que piensan así.
* Tonatiuh Guillén, sociólogo y primer responsable de migración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una reciente entrevista con The Associated Press expuso una visión muy similar.
En su opinión, se está creando una región desde Estados Unidos a Honduras «donde el rol de los estados, de protección a las personas, se está diluyendo», en referencia al avance del proyecto de Trump de «cero migraciones y cero solicitudes de asilo» frente a una Centroamérica que sigue expulsando gente.
El resultado es que «el gobierno de Donald Trump está ganando», sentenció.
Guillén dimitió como responsable del Instituto Nacional de Migración de México la pasada primavera cuando empezó a imponerse en este país la estrategia de mano dura exigida por Washington frente a la concesión de visas humanitarias que hubo en diciembre de 2018 y enero de 2019, los primeros meses de gobierno del gobierno de López Obrador.
Desde entonces, decenas de organizaciones mexicanas, centroamericanas, estadounidenses e internacionales han denunciado el agravamiento de la situación para los migrantes en esta ruta.
Algunos colectivos se encuentran inmersos en una batalla legal en Estados Unidos para intentar frenar en los tribunales algunas de las medidas de Trump.
Otros han presentado informes estremecedores, como Human Rights Watch que en un documento divulgado los primeros días de febrero confirmó que al menos 138 deportados desde Estados Unidos a El Salvador en los últimos años fueron asesinados al volver a su país.
Para MSF, las políticas estadounidenses han tenido un «efecto perverso» porque han empeorado «la crisis humanitaria en la región y aún no existe una respuesta humanitaria internacional coordinada para ayudar a una población vulnerable y obligada a huir».
Agencias de la ONU se han mostrado preocupadas y colaboran con los gobiernos en gestión de los solicitantes de asilo o en procesos de retorno, pero en general los países se encuentran desbordados.
La administración de Donald Trump se ha jactado de los buenos resultados de sus medidas porque han reducido el flujo hacia Estados Unidos y ha felicitado a México por su cooperación. El gobierno mexicano, por su parte, sostiene que su compromiso es por una migración segura, ordenada y regular con estricto apego a los derechos humanos de la población en contexto de movilidad, pero las críticas han llegado hasta del propio partido del gobierno, Morena.
El diputado oficialista Porfirio Muñoz Ledo que el lunes entró con legisladores al mayor centro de detención migratorio del país calificó la visita como «un maquillaje, un desastre y una burla». «Platiqué con varios migrantes que son maltratados y se violentan los derechos de los niños», escribió en su cuenta oficial de Twitter.
De la información obtenida durante sus consultas médicas, MSF afirma que la mayoría (un 61,9%) huye de la violencia y más de un tercio son personas que antes de migrar ya habían tenido que desplazarse internamente por esa misma razón.
Además, el 78% de los casi 3.700 atendidos en sus consultas de salud mental en México mostraba afectaciones por haber vivido o presenciado algún tipo de acto violento. Con el endurecimiento de las políticas migratorias, todos quedan en situación más vulnerable, según el documento.
Pero para Tonatiuh Guillén, lo más preocupante es que la situación «va a empeorar».
«Si los gobiernos de Centroamérica se ponen más severos, cuando la gente no tenga alternativas, ¿adónde va a ir?», se preguntó.
