Por DÉBORA REY
BUENOS AIRES
Agencia (AP)
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaba hoy a Buenos Aires para una negociación con el gobierno de Alberto Fernández considerada clave para evitar que Argentina caiga en una nueva cesación de pagos de su deuda externa en menos de dos décadas.
El ministro de Economía Martín Guzmán asistirá al Congreso para ofrecer detalles del plan oficial para renegociar los términos y cronograma de pago de una deuda externa de unos 100 mil millones de dólares, mientras organizaciones sociales y grupos de izquierda se movilizarán al centro de la capital argentina para exigir que el país sudamericano no pague un centavo.
Argentina, con un largo historial de incumplimientos, el último en 2001, atraviesa una recesión económica con una inflación que en 2019 fue de 53.8%, la más alta de los últimos 28 años. A su vez cerca del 40% de la población es pobre.
Con esos indicadores, el presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, quien asumió el 10 de diciembre, expresó que el país no está en condiciones de afrontar sus compromisos de deuda y que debe priorizar la asistencia a los sectores más postergados.
La estrategia oficial, de la que poco ha trascendido en su letra chica, apunta a lograr primero un acuerdo con el FMI, su principal acreedor por un total de 44 mil millones de dólares del préstamo otorgado al país en 2018 al anterior gobierno del conservador Mauricio Macri.
«La relación con el FMI es crucial», dijo a The Associated Press Alberto Ramos, director gerente y jefe de economía de América Latina del grupo Goldman Sachs. «Me parece que el Fondo tiene voluntad de ayudar a la Argentina pero para eso es necesario que las autoridades argentinas se alejen de políticas intervencionistas y heterodoxas y demuestren clara voluntad y capacidad de mejorar la situación fiscal en no más de 2-3 años».
La misión del organismo de crédito que llega a Buenos Aires está encabezada por el encargado del caso argentino, Luis Cubeddu. Los técnicos permanecerán una semana y se reunirán con funcionarios, empresarios y banqueros.
«Sería muy bien visto en el mercado si antes de la reestructuración de la deuda con acreedores privados, Argentina presentase un plan macroeconómico coherente (monetario y fiscal) y un sendero fiscal robusto cedible a 2-3 años y que con eso pudiera arreglar la situación con el FMI», agregó Ramos.
El presidente Fernández ha dicho que Argentina se da un plazo hasta el 31 de marzo para un acuerdo con acreedores. Pero los últimos días fueron una prueba de lo complejo que serán las negociaciones.
El gobierno ofreció a principios de este mes un canje para cambiar el perfil de un bono dual (emitido en pesos, pero atado a la evolución del dólar) por el cual debía pagar mañana unos 100 mil millones de pesos (alrededor de 1 mil 700 millones de dólares).
La propuesta de canje tuvo la adhesión del 10% de los tenedores, por lo que la operación fracasó. La víspera el ministerio de Economía anunció que postergará para el 30 de septiembre el pago de capital del mencionado bono en un comunicado con términos muy críticos hacia sus tenedores.
«Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente», advirtió el gobierno.
Verisk Maplecroft, una consultora dedicada al análisis de riesgos y pronósticos basada en Inglaterra, estimó en 72.22% el riesgo de que el país sudamericano declare la cesación de pagos antes de fines de 2020.
«El tiempo sigue siendo el principal impulsor del riesgo en nuestra actualización actual porque Argentina tiene una mayor cantidad de deuda, más comités de acreedores dispersos y un plazo más corto que otros países que emprendieron con éxito un proceso de reestructuración similar», evaluó.
Bajo la consigna «Fuera el FMI, la deuda es con el pueblo», organizaciones sociales y grupos de izquierda montarán ollas populares en el centro de Buenos Aires y se movilizarán hacia las oficinas locales del FMI en repudio a la llegada de sus técnicos. Además, está previsto un acto en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno para rechazar un acuerdo con acreedores «a costa de trabajadores, jubilados, salud y educación».
