Carlos Rolando Yax
Secretario General AEU
La sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida el 27 de noviembre de 2019 al expediente número 5510-2018, amparo presentado por la Asociación de Estudiantes Universitarios, corrigió la forma en que se calculan los aportes establecidos en la Constitución Política de la República. Incrementa no solo el presupuesto que en adelante debe asignarse a la Universidad de San Carlos de Guatemala sino también a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación, el Organismo Judicial, las Municipalidades y la Corte de Constitucionalidad.
Hasta el año pasado, los ingresos ordinarios equivalían a la diferencia entre los ingresos tributarios y los impuestos con destino específico conforme a la legislación ordinaria. Como resultado, los aportes constitucionales eran calculados sobre menos de la mitad de lo que debía ser la base. Ahora, en pleno cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de la República, serán poco más del doble de lo que año tras año se había asignado de manera errónea desde 1985. Esto representa una gran oportunidad para la promoción del desarrollo en nuestro país.
Previo a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, conforme al presupuesto vigente para este año, a la Universidad de San Carlos de Guatemala le correspondían 1 mil 562.3 millones de quetzales. Ahora, conforme a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y el presupuesto vigente para este año, a la Universidad de San Carlos de Guatemala le corresponden 3 mil 201.4 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 1 mil 639.1 millones de quetzales.
En las últimas tres décadas, el presupuesto asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala siempre ha sido insuficiente. Así se ha hecho evidente con las ampliaciones presupuestarias que se han solicitado al Congreso de la República y los préstamos internacionales que se han adquirido. En 2019 se inscribieron 187 mil 014 estudiantes de los cuales el 53% asistieron a las instalaciones de la capital y el 47% a los centros universitarios departamentales. La crisis presupuestaria llegó a tal punto, que el año pasado las instalaciones universitarias permanecieron cerradas durante un mes.
Hay muchos estudiantes que no cuentan con las condiciones dignas al recibir el servicio público de educación superior: desde la falta de edificios hasta insumos mínimos como escritorios. Muchos docentes también se ven afectados al verse obligados a esperar meses o incluso años para recibir el pago de sus salarios. Y si en la capital la situación de la universidad es precaria, en los centros universitarios departamentales es aún peor.
Previo a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, conforme al presupuesto vigente para este año, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco les correspondían para el deporte federado 468.7 millones de quetzales. Ahora, conforme a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y el presupuesto vigente para este año, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco les corresponden para el deporte federado 960.4 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 491.7 millones de quetzales. Asimismo, al Ministerio de Cultura y Deportes para deporte no federado le correspondían 234.3 millones de quetzales. Ahora le corresponden 480.2 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 245.9 millones de quetzales. El Ministerio de Educación también será beneficiado pues si antes le correspondían para educación física, recreación y deportes 234.3 millones de quetzales, ahora le corresponden 480.2 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 245.9 millones de quetzales.
Así, nuestros atletas y nuestros estudiantes tendrán mayores oportunidades para desarrollar sus capacidades y explotar su potencial. Si Guatemala se ha destacado a nivel centroamericano por obtener los mejores resultados en competiciones internacionales a pesar del mínimo presupuesto que se destina a los deportes, ahora estamos ante una oportunidad para que más atletas como Erick Barrondo, Ana Sofía Gómez o Jorge Vega tengan mejores condiciones para poner el nombre de nuestro país en alto.
Con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, si a las Municipalidades antes les correspondían 3 mil 124.5 millones de quetzales, ahora se les deben asignar 6 mil 402.8 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 3 mil 278.3 millones de quetzales. Y conforme a la Constitución Política de la República, el presupuesto que reciben las Municipalidades debe ser destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Solo el diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento.
Esto quiere decir que ahora a nivel municipal se contará con 5 mil 762.5 millones de quetzales en todo el país para invertir en educación y salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, una alternativa más eficiente para promover el desarrollo. El Ministerio de Educación en 2019 recibió 16 mil 374.4 millones de quetzales, de los cuales el 82.8% o 13 mil 561 millones de quetzales fueron destinados a gastos de consumo, sólo el 1.8% o 297.4 millones de quetzales fueron destinados a inversión real directa.
Contrario a lo que algunos han planteado, ampliar el presupuesto de las Municipalidades que se destina a educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes, es mejor que ampliar el presupuesto de algunos Ministerios por la eficiencia y eficacia que han manifestado en la prestación de los servicios. La descentralización del Organismo Ejecutivo promueve el desarrollo comunitario a través de la solidaridad social, el respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de nuestro país, la participación ciudadana y el combate de la exclusión social y la discriminación. Evidencia de ello es que durante el Gobierno de Jimmy Morales aunque se aumentó el presupuesto público al Ministerio de Educación, disminuyó la cobertura educativa a nivel nacional.
Con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad también se vio beneficiado el Organismo Judicial, que antes recibía 1 mil 249.8 millones de quetzales y ahora recibirá 2 mil 561.1 millones de quetzales, lo que representa un incremento de 1 mil 311.3 millones de quetzales. El índice de delitos que quedan impunes en Guatemala se situó en 97.6% en 2018. Por lo tanto, el aumento presupuestario al Organismo Judicial representa una oportunidad, aunque sea pequeña, de mejorar el servicio de administración de justicia.
Y, finalmente, la sentencia también beneficia a la Corte de Constitucionalidad misma puesto que antes recibía 62.5 millones de quetzales y ahora recibirá 128.1 millones de quetzales, lo que representa un incremento presupuestario de 65.6 millones de quetzales. Durante los últimos 4 años fue la Corte de Constitucionalidad quien defendió a Guatemala del megalómano expresidente de la República Jimmy Morales. Durante los últimos 4 años fue la Corte de Constitucionalidad quien defendió nuestra Constitución Política de los atropellos que intentaron hacerle diversos personajes. Ha sido el último y único pilar de la institucionalidad republicana y democrática de nuestro Estado y es importante fortalecerlo para que pueda continuar el cumplimiento de sus funciones y atribuciones en el futuro.
No hay dudas respecto a que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida el 27 de noviembre de 2019 al expediente número 5510-2018, amparo presentado por la Asociación de Estudiantes Universitarios, beneficia no solo a la Universidad de San Carlos de Guatemala sino a todos los guatemaltecos. Sin embargo, la corrección de la forma en que se calculan los aportes establecidos en la Constitución Política de la República también presenta algunos retos: la fiscalización, la rendición de cuentas y las implicaciones financieras.
La autonomía no es sinónimo de anarquía. En ese sentido, como no pueden incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización sin importar si se trata de una entidad descentralizada o autónoma, tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación, el Organismo Judicial, las Municipalidades y la Corte de Constitucionalidad, pueden y deben ser fiscalizadas.
Por lo tanto, la Contraloría General de Cuentas como la institución fiscalizadora de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que recibe fondos del Estado o que hace colectas públicas, puede y debe fiscalizar cada uno de los aumentos presupuestarios presentados.
Respecto a la rendición de cuentas, los Organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, deben presentar al Congreso de la República la liquidación del presupuesto anual, el Congreso de la República debe someterla al conocimiento de la Contraloría General de Cuentas, esta debe rendir un informe y emitir un dictamen al Congreso de la República para que apruebe o impruebe la liquidación, y en caso de improbación se piden los informes o explicaciones pertinentes y existen causas punibles se certifica lo conducente al Ministerio Público. La doctrina de pesos y contrapesos establecida en nuestro modelo de Estado, postula que la administración pública no debe ostentar poderes absolutos, por lo que está sujeta a la actuación de los controles intraorgánicos e interorgánicos. La autonomía no es sinónimo de anarquía.
En ese sentido, la Asociación de Estudiantes Universitarios, constituidos política y jurídicamente, está comprometida con la transparencia en la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, como organización reconocida en la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la misma, impulsará también los mecanismos necesarios para garantizar la fiscalización y la rendición de cuentas de la única universidad pública del país.
En cuanto a las implicaciones financieras de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el Gobierno debe considerar una reforma fiscal. Y ello no significa un aumento a los impuestos, una alternativa es la ampliación de la base tributaria. Sin embargo, también es necesario que se priorice en el gasto público a rubros como la educación y la salud, antes que el gasto militar. Asimismo es necesario trabajar en la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria, principalmente en el cumplimiento de la recaudación tributaria. Si se implementa una reforma fiscal que en lugar de aumentar impuestos amplíe la base tributaria, si se prioriza el gasto social, si se aumenta la efectividad de la SAT, el endeudamiento público resultante de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad será temporal.
