Alfonso Mata
La revisión periodística del acontecer nacional en los últimos años, deja triple advertencia. Por una parte, avisa reiteradamente al lector, de que el hacer político tiende a perseverar en inequidades que “machacan la base de las desigualdades sociales” y se centra en evitar que aumenten no a que desaparezcan estas, dejando sabor entre la ciudadanía de que el que es pobre en su amplio sentido siempre lo será, determinado un pobre actuar cívico comandado por resignación.
De otra parte, la situación macroeconómica del país, siempre pujante y de beneficio a pocos, avisa del contexto político-conservador en el que se afirma, sin ser sólida su base, de que si está bien el de arriba, derrama sobre el de abajo y aboga siempre por el recorte del Estado, en perjuicio de los más necesitados, cosa que, para el status quo, es sagrado.
Por último, al acecho detrás del acontecer nacional, se observa un político de mentalidad y acción financista, de muy escaso interés sociopolítico y que de no ser así, no sería bueno para los grandes capitales, porque ese interés, es el motor que permite a la situación actual salvar obstáculos llevando a unos a bien y a muchos a peor.
Es pues evidente que nuestro vivir nacional, introduce el determinismo político y social, que consiste en la idea innata en cuanto a gobernabilidad y clases inamovibles. También nos muestra esa revisión, una actividad humana del hacer social y político nacional, centrada en el oportunismo sin ética, una justicia parcial y la ambición sin límites, independiente a la idea de democracia.
Tras las citas en medios de comunicación y documentos, de ilustres intelectuales y de funcionarios abogando por cumplimiento constitucional, contrasta una vivencia nacional que actúa a favor del mantenimiento de las jerarquías sociales y raciales, acompañado de inequidades en acceso a medios de producción y desarrollo humano, en una época en donde igualdad y equidad están en el horizonte intelectual pero ni de cerca en un modo y estilo de vida. Pero aunque todos partimos del común mandato de que los derechos humanos deben respetarse y vivirse sin limitaciones de ningún tipo, la diferencia es que cuando eso llega a la práctica, si cumplir implica daño a mí y mi posición, no cedo. El interés personal aunque sea retorcido, adquiere prioridad.
En nuestra historia, las jerarquías sociopolíticas y financieras las hemos justificado con una conciencia nacional que no coincide entre los que tienen el poder y los que no. La Constitución manda y convoca a la unidad de todos los ciudadanos alrededor de derechos; la vida nacional se desarrolla alrededor de su abandono e incumplimiento alejándonos de ese espíritu de unidad e igualdad, generación tras generación. En consecuencia, la diferencia entre grupos persiste, hermanándonos únicamente en momentos de desastres naturales, campeonatos deportivos. Por tanto, cualquier discriminación la tenemos justificada al pertenecer a estratos socioeconómicos distintos y eso no necesita de argumentos innovadores ni de nuevos datos empíricos sobre las diferencias, para justificar nuestro actuar con imposición de los unos sobre los otros. Ante eso, ni estado de derecho ni democracia nos rige.
