Posiblemente la institución que desde su origen gozó del mayor prestigio fue el Tribunal Supremo Electoral, integrado mediante el mecanismo de postulaciones antes de que el mismo fuera prostituido por el surgimiento de universidades de garaje creadas para interferir en la designación de los mejores académicos para los puestos de administración de justicia. Y durante muchos años nadie en nuestro país tuvo la menor duda de la independencia y rectitud de los integrantes de esa instancia llamada a dirigir todos los procesos de elecciones democráticas en Guatemala pero que, como ha ido ocurriendo con toda la institucionalidad, empezó a perder su prestigio debido al manoseo que del proceso de elección de magistrados empezó a hacerse hace algunos años.
El actual Tribunal Supremo Electoral ha sido, sin lugar a ninguna duda, el más desprestigiado de toda la historia por el comportamiento parcializado de varios de sus integrantes que respondieron a intereses espurios y dejaron tirada la estafeta de honorabilidad que llevaron con orgullo muchos de sus antecesores.
No se trata sólo del fallo garrafal en el campo informático que creó tanta confusión en el cómputo de los votos en esta elección, sino de la forma en que fueron acomodando inscripciones y rechazo de candidaturas para satisfacer a quienes habían influido tanto en el nombramiento de los magistrados y a quienes la mayoría de ellos se mantuvieron fieles, al punto de que se hicieron de la vista gorda de graves irregularidades en el tema del financiamiento electoral y no procedieron a la cancelación de su partido preferido, no obstante la abrumadora evidencia existente.
Ahora estamos nuevamente en otro proceso de postulación para los que aspiran a dirigir el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, no se puede esperar algo distinto porque ya se demostró que hasta la más prestigiosa de las instituciones públicas puede ser mangoneada cínicamente por las fuerzas que conforman los poderes ocultos que tienen capturado al Estado de Guatemala. Sin embargo, es indispensable que la ciudadanía ponga sus ojos en este proceso que recién está iniciando con la presentación de la documentación de los juristas interesados en formar parte del mismo porque lo único que puede hacer alguna diferencia es la fiscalización ciudadana, misma que enfrentará el valladar del cinismo de los postuladores, pero que tiene que hacer escuchar su voz para tachar a aquellos que llegan con vínculos con las viejas prácticas de los cooptadores del Estado.
No olvidemos que la última palabra la tiene el Congreso y ya sabemos de qué pie se cojea en ese organismo del Estado.
