El pasado fin de semana el nuevo gabinete de gobierno se reunió para analizar las finanzas nacionales y definir su rumbo de acción de cara a la realidad que encontraron. Generalmente los gobernantes encuentran en los errores de sus antecesores la excusa perfecta para justificarse ante la opinión pública, culpando a los salientes de los males habidos y por haber, pero la verdad es que todos los que se postularon para la Presidencia y Vicepresidencia tenían que conocer al detalle lo que estaba ocurriendo y nadie puede mostrarse sorprendido, sobre todo cuando el gobierno saliente fue tan burdo, como en el caso de Jimmy Morales, que ni siquiera trató de guardar apariencias sino actuó con el cínico descaro que le permitía el apoyo irrestricto de la élite que se lo aceptó con todo gusto a cambio de la expulsión de la molesta y odiada CICIG.
Pero lo que sí es cierto es que después del gobierno más inepto y corrupto de la historia, que acabó de enterrar la institucionalidad en el país, al gobierno de Alejandro Giammattei se le presenta, casi por inercia, la posibilidad de realizar cambios que puedan ser muy positivos para el funcionamiento del Estado. Empezando por el tema del Servicio Civil, donde se produjeron abusos sin precedentes para dejar acomodados a los mafiosos y sus compadres, hasta llegar al sistema de compras y adquisiciones del Estado, ahora todo está por resolverse y reformarse porque está más que probado que el régimen actual únicamente sirve para la perversión de los fines del mismo Estado.
No quiere decir, desde luego, que todo lo que proponga el nuevo gobierno tenga que ser visto como solución, pero sí que ahora la ciudadanía tiene que jugar un papel más activo para promover las reformas que deben arrancar con el sector justicia para ponerle fin al imperio de la impunidad que se consolida mediante los amañados procesos de postulación en los que los poderes paralelos se encargan de marginar a los mejores para dejar la mesa servida a un Congreso comprometido y, de esa manera, preservar el modelo en el que, desde los más altos juzgadores, se asume el compromiso de que la justicia será selectiva y que a ciertos personajes no les afectará jamás, pase lo que pase, tal y como funcionó todo hasta el año 2015, con el destape de La Línea, y volvió a operar después de la expulsión de la CICIG, como se pudo ver con el caso Botín del Registro de la Propiedad, en el que los sinvergüenzas fueron beneficiados.
No basta con quejarnos de lo que pasó sino hace falta que ahora empujemos con fuerza para presionar a fin de que se vengan los cambios que el país necesita en su legislación de manera que podamos diseñar un modelo distinto que ponga fin a la impunidad y, como corolario, abra las puertas para reformas que definan nuevos parámetros para la ejecución y fiscalización del gasto público.
En otras palabras, la oportunidad no se le presenta a Giammattei sino a nosotros, los ciudadanos, que no debemos desperdiciarla.
