Por Cristian Velix
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Atacar los señalamientos que ha hecho la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha sido la táctica utilizada por el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, en el juicio que se lleva en contra de él y otras treinta personas acusadas en el Caso Plazas Fantasma.
En ese contexto, Muadi ha expresado, por ejemplo, que la petición que hizo la Fiscalía en su contra para que fuera condenado a 35 años y nueve meses de prisión era “estúpida” y ayer su abogado argumentó que la acusación de la unidad de investigación era imprecisa.
“Esto es un caso político, basado en mentiras, aquí el Ministerio Público vino a decir que basaba su acusación en función de las declaraciones de un colaborador eficaz que es un extorsionador y un marero”, dijo con anterioridad exfuncionario durante el desarrollo del debate.
Asimismo, Muadi ha mencionado que la FECI en sus medios de prueba no tiene ninguna demostración de que él se haya enriquecido ilegítimamente y criticó que la mencionada unidad de investigación haya pedido esa cantidad de años de cárcel para él, “como si fuera yo un asesino en serie”.
Por su parte, el abogado del expresidente del Congreso, Juan Guevara, cuestionó ayer que la investigación del MP incumplió con indicar el rubro o partida presupuestaria de la cual se sustrajeron fondos del Legislativo, por motivo de plazas fantasma, por lo que la calificó de imprecisa.
COLABORADOR LO DELATA
Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para incriminar a Muadi en el proceso, se encuentra la declaración de Aldo Roberto Herrera Andreu, quien trabajó para el exfuncionario como guardaespaldas, aunque también fungió como tal para el hijo del exdiputado.
Según el testimonio de Herrera Andreu, un allegado del exlegislador les mencionó que recibirían una gratificación económica por el trabajo que realizaban como guardias y que este sería un incentivo económico que se sumaría al salario que obtenían de la empresa de seguridad denominada Grupo SIS S.A.
Para ello, indicó, el colaborador eficaz, tuvo que acudir a la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., para abrir cuentas bancarias, tras lo que firmaron un contrato en el Congreso por Q8 mil, no obstante, señaló el testigo después de firmar los contratos algunos de los trabajadores fueron despedidos.
En esa misma línea, según refirió colaborador eficaz recibieron del Congreso un día de pago de solo Q2 mil 300 y fueron despedidos posteriormente por órdenes de Arístides Crespo. Tras de ello, Herrera Andreu explicó que acudió al banco y pidió el estado de cuenta de los depósitos hechos a esta y qué había firmado en la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A.
Ahí notó que había una segunda firma registrada y detalló que sacaron varias sumas de dinero de la cuenta que tenía a su nombre, en las cual había depósitos de Q7 mil u Q8 mil, mismos que presuntamente provenían del Legislativo.
Según la tesis de la FECI, fue Claudia María Bolaños Morales quien administraba la empresa Productos, Servicios y Equipos S.A. y era quien tenía registrada su firma en 30 cuentas a nombre de trabajadores del Congreso, quienes no se presentaron a trabajar, pero devengaban salarios de entre Q7 mil y Q20 mil.
