Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Ayer el presidente Alejandro Giammattei anunció que se decretaba estado de Prevención en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez con el afán de enfrentar la delincuencia que mencionó durante su discurso de toma de posesión.
Siempre se ha pensado que una restricción de garantías es sinónimo de “autoridad” y así también parece entenderlo este Gobierno que, dijo, desea mandar un mensaje a la delincuencia y pidió apoyo a la población para que ayude a denunciar y delatar las ubicaciones de personas que cometen delitos.
Para que una de estas acciones tenga éxito jurídico, que va más allá de lo mediático y de los mensajes que de inicio se puedan dar, se necesita que la participación de las personas en hechos delictivos esté debidamente probada porque de lo contrario, a los jueces no les quedará más remedio que soltarlos y pronto estarían en las calles haciendo sus fechorías de nuevo y más empoderados que antes.
Algunos vecinos están a favor de la medida porque los hace sentir un tanto más seguros y otros estaban en contra porque sienten que serán medidas de corto plazo y que en el mediano y largo se volverán a topar con los delincuentes en las calles porque el Sistema de Justicia los terminará soltando.
Y es que esa es la clave de todo. Durante el estado de Prevención, se deben probar los hechos que han cometido los acusados de ser parte de estructuras criminales, porque si solo se les captura como parte de la restricción de garantías, pronto a un juez no le quedará más que liberarlos por falta de pruebas, aunque aquí sí querrán que se queden presos hasta los que hablan de la presunción de inocencia, argumento que solo se usa para los delitos de cuello blanco.
Y más allá del estado de Prevención, el reto es enorme porque debemos enfrentar los vicios del Sistema de Justicia para que vuelva a existir una certeza del castigo y la gente sepa que quien cruce la línea de la ley, habrá de pagarla. En eso el presidente Giammattei tiene la gran oportunidad de usar su iniciativa de ley para presentar reformas que permitan fortalecer el Sistema de Justicia y liberarlo de las mafias del Congreso, por citar tan solo un ejemplo.
A eso se le debe sumar el del Sistema Penitenciario porque para muchos de los presos es la universidad donde perfeccionar sus mañas y eso ocurre tanto en Pavón como en el Mariscal Zavala, con los delincuentes de cuello blanco y todas las cárceles del país. Hay quienes ya tienen una “oficina” en el Mariscal Zavala y siguen yendo, aunque están afuera.
En igual o más importante que los dos temas anteriores, es el que podamos atacar las causas estructurales que empujan a los jóvenes del país a incursionar en la delincuencia y que las maras sean los lugares que sustituyen a las escuelas o colegios y a los trabajos honrados a los que no están aspirando muchos de ellos.
Como los temas estructurales son de mediano y largo plazo, las autoridades y la misma sociedad siempre los terminan desechando porque es más “fácil” centrarnos en el día a día y en los “mensajes” que ciertas acciones mandan, pero parte del reto de esta década es que atendamos las cosas que no tendrán resultados inmediatos pero que son tan necesarias si de verdad deseamos una Guatemala distinta.
