Víctor Ferrigno F.
Ayer, con más pena que gloria, Alejandro Giammattei asumió la Presidencia de la República de Guatemala, pero no le entregaron el poder. Ese se lo reservó el Pacto de Corruptos e Impunes, integrado por oligarcas venales, militares genocidas, políticos corruptos, narcoempresarios, pastores pisteros, empresarios mediáticos vendidos, y narcotraficantes de toda laya; es decir, las siete plagas que han cooptado al Estado.
Esta pérfida alianza, como la mafia, regidos por un código de lealtades y silencio, protegieron al corrupto e incompetente Jimmy Morales, para que no tuviera el riesgo de ser detenido en el lapso que se quedaría sin inmunidad, al dejar la Presidencia y asumir como diputado del Parlacen.
No les importó retrasar varias horas el acto de traspaso de mando, para que ya no fuera un horario hábil para detenciones. Poco les preocupó que varias delegaciones se retiraran por el atraso.
Actuando como comparsa, el Parlacen no tuvo empacho en usar fondos públicos para contratar un hotel y juramentar al payaso en lo oscurito, rompiendo el cerco ciudadano con bombas lacrimógenas, dejando un saldo de 6 estudiantes detenidos y una joven hospitalizada.
Giammattei usó las redes sociales para disculparse, y afirmar que el atraso no era su responsabilidad, pero no convenció a nadie, pues horas antes, para hacerse con la Junta Directiva del Congreso, transó con obscuros personajes, como Gustavo Alejos, Sofía Hernández, Felipao Alejos, Santiago Nájera y Luis Rosales.
En esta crisis, lo importante es tomar conciencia que en el país se ha dado una gran reculada en materia política, económica, jurídica, social y ambiental; hemos retrocedido unos veinte años en casi todos los órdenes e indicadores sociales.
En 1996 se alcanzó el pacto social y político posible y, en los Acuerdos de Paz, se trazó la ruta para erradicar las causas que dieron origen al Conflicto Armado Interno, y construir un auténtico Estado democrático de Derecho. Un lustro después, la sociedad, los políticos y la élite dominante aceptamos que no se podía avanzar en la ruta de la paz, si no se combatían los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), que controlaban buena parte de las instituciones.
Se buscó cooperación internacional y, en una decisión soberana, la CICIG fue creada en diciembre de 2006, por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad.
Según algunos analistas, la Comisión hizo tan buen trabajo que fue víctima de su propio éxito al evidenciar, mediante rigurosas investigaciones y aporte de pruebas de todo tipo, que la corrupción había hecho metástasis en todos los sectores sociales, incluida la élite dominante, generando una ofensiva brutal en su contra, que la erradicó en septiembre de 2019.
Casi todos los avances en materia de justicia, transparencia, imperio de la ley, lucha contra la corrupción y la impunidad, que permitieron avances en la consolidación institucional, se han venido abajo; ahora impera la ley del monte.
Durante el desgobierno de Jimmy se registraron 20 mil 351 muertes violentas (2 mil 500 de ellas fueron mujeres), la pobreza alcanzó al 59.3% de los guatemaltecos, y el hambre al 66%; ahora somos el sexto país con mayor desnutrición en el mundo, y uno de los más desiguales. Además, dos millones de paisanos han emigrado de este infierno y el flujo aumenta, pero remesan el 13% de la riqueza nacional.
Los efectos de esta gran reculada le estallarán a Giammattei entre las manos, pues el pueblo demandará soluciones rápidas y de fondo. Ojalá que no ceda a la tentación represiva para gobernar, porque donde hay hambre y desesperanza, corre sangre.
