Por Cristian Velix
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La expresidenciable, Sandra Torres, canceló la caución económica de Q800 mil que le fue impuesta por la jueza Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “E”, para que pueda recuperar su libertad, esto en el marco del Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Ese monto fue cancelado mediante una afianzadora indicó el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, dirigido por la jueza Claudette Domínguez, cuya judicatura tiene a su cargo el proceso y que volvió de sus vacaciones un día después del fallo de Recinos que benefició a la exprimera dama.
De esa manera, el órgano jurisdiccional del cual es titular Domínguez citó a la excandidata a la Presidencia a las 14:00 horas, para que firme el acta, en la cual se compromete a cumplir con las medidas distintas a la prisión que le fueron otorgadas.
Esas medidas que la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “E” le dio a Torres es arresto en su residencia, no podrá salir del departamento de Guatemala, deberá asistir al Ministerio Público (MP) para imponer su huella digital cada semana, además, tendrá prohibición de salir del país.
ARGUMENTO
Recinos al momento de emitir su resolución manifestó que las circunstancias que habían motivado que Torres fuera enviada a Mariscal Zavala, habían cambiado y refirió que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hizo una argumentación subjetiva, en cuanto a que ella podía influir en los testigos.
Asimismo, la jueza que cubría las vacaciones de Domínguez explicó que las declaraciones de dichos testigos fueron rendidas hace más de un año, sin que haya habido una modificación de estos en este lapso, también se determinó que dos testigos ya no tenían relación con la UNE.
Es de resaltar que la expresidenciable permanecía desde octubre pasado en un hospital privado por afecciones de corazón, aunque Torres se negó en su momento a ser evaluada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Las investigaciones realizadas por la FECI señalan a la ex primera dama de permitir aportes a la UNE por casi Q6 millones, los cuales fueron usados por esa agrupación política, pero no fueron reportados como gastos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
