Eduardo Blandón
Basta revisar, por ejemplo, la sospecha que ha generado el contrato de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) a la empresa constructora Arquinco. Según las notas de prensa ésta estaría encargada de ampliar las instalaciones de la piscina olímpica por Q9 millones, pero el contrato se ofreció sin ninguna precalificación, lo que da extrañeza y provoca suspicacia.
Igual maravilla suscita la información de que Inteligencia civil comprará cien fusiles de alto calibre. Aunque la iniciativa parece justificarse, da mala espina el hecho de que el negocio sea con la compañía TILSA, vinculada en el pasado, según parece, al tráfico de armas. ¿Por qué tanto interés en negociar con una empresa de dudosa reputación? Es una pregunta que el Ministro de Gobernación debe responder para acabar con las sospechas de muchos.
La suspicacia de la sociedad civil respecto a los negocios de las instituciones del Estado no son infundadas. Se sabe, como recientemente denunció la prensa, que los negocios de quienes hacen gobierno son abundantes y se multiplican los intentos en virtud de un sistema débil que promueve, sin querer queriendo, la impunidad.
No es nuevo que el Estado ha perdido en los últimos dos gobiernos cerca de Q5 mil millones. Y aunque la Contraloría General de Cuentas (CGC) del 2010 a la fecha ha presentado 344 denuncias, no se ha obtenido ninguna condena. Todo lo cual, sin duda, estimula la trampa y hace que quienes dirigen las instituciones se sientan confiados a la hora de tomar sus decisiones financieras.
De aquí que instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para poner otro ejemplo, en el que abunda el dinero (mucho, mucho pisto), inventen proyectos a granel para agenciarse sus dirigentes de fondos pocos transparentes.
Lo curioso es que nunca alcanza el dinero para proyectos sociales. Ni alcanza, ni alcanzará por ese drenaje infinito de recursos que siempre llega a los bolsillos de quienes dirigen el cotarro.
