Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ivan Velázquez, explicó por medio de su cuenta de Twitter el fracaso judicial al cual fueron sometidos los casos de financiamiento electoral ilícito.
Velásquez explicó que esto se dio pese a que Guatemala fue pionera en América Latina de la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito, que reprimía el ingreso en la política de dinero proveniente del narcotráfico, lavada de dinero y del cohecho.
Explicó que la tipificación de este delito llegó también a impedir el ingreso de dinero anónimo del mismo narcotráfico y también por parte de contratistas, especialmente de obra pública y farmacéuticas, que luego eran recompensados con la adjudicación de nuevos contratos.
Para entender el #RegaloDeNavidad de la @CC_Guatemala :
Guatemala fue país pionero en América Latina en la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito, que reprimía no sólo el ingreso en la política de dinero proveniente del delito (narcotráfico, lavado,— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) January 5, 2020
También señaló a empresarios importantes y “las familias”, que han tenido tradicionalmente el control del Estado y de la economía, asegurando que estos designan ministros como los de Finanzas y Economía, que luego son “ratificados” por el presidente.
Velásquez sacó a colación una trascendental decisión político-legislativa de regular en el Código Penal esas conductas, que suponía el reconocimiento del grave peligro que para la democracia representan la intromisión en la política de dineros ilícitos, agregando que el aporte de recursos anónimos desequilibra la contienda electoral.
Posteriormente, Velásquez recordó que la CICIG, junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Fiscalía de Delitos Electorales, iniciaron “profundas investigaciones”, logrando como resultados el involucramiento de grandes constructoras y canales de la televisión abierta.
“Hubo pánico y como las investigaciones continuaban a pesar de la petición que hicieron, los dueños del país intentaron frenarlas con campañas de lobby en EE. UU.”, dijo Velásquez.
Asimismo, dijo que otras investigaciones revelaban casos de financiamiento electoral ilícito en agrupaciones como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), asegurando que la Corte de Constitucionalidad (CC) instó al Congreso a que reformara la norma, esto mientras se revelaba que grupos económicos poderosos financiaron de manera ilícita al partido oficial en el 2015.
“Los empresarios comprometidos pidieron públicamente perdón por el grave daño a la democracia (pronto se arrepintieron de haberse arrepentido) y la ilicitud en que también había incurrido el presidente quedó al descubierto”, afirmó.
Posteriormente, Velásquez mencionó que el Congreso reformó la ley creando el delito de “financiamiento electoral no registrado”.
“Todos se creyeron salvados, pero los jueces entendieron que la nueva fórmula no modificaba esencialmente la tipificación anterior, de manera que continuaron los procesos”, afirmó.
El ex comisionado se refirió a la situación legal que enfrentaban los empresarios y el presidente Jimmy Morales, que fue protegido por el Congreso de la República al no retirarle la inmunidad ante una solicitud de antejuicio que se formuló en su contra.
Aunado a lo anterior, se sumó una investigación entre la FECI y la CICIG que acreditaba similares delitos cometidos por una futura candidata presidencial, dijo Velásquez, el caso al que se refiere es al que involucraba a Sandra Torres y la UNE.
“La fiscal general impidió por meses que se judicializara, hasta que la inscripción como candidata le otorgó inmunidad. Sin embargo, al perder las elecciones en 2019 perdió también el fuero y fue detenida”, dijo.
REGALO DE NAVIDAD
Velásquez se refirió como un “regalo de Navidad” una acción realizada por la Corte de Constitucionalidad, la cual determinó que en delitos relacionados al financiamiento electoral ilícito existe la prejudicialidad electoral, lo cual significa que el Ministerio Público no puede investigar antes estos casos sin que lo haga primero el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Todo el sistema de justicia, los jueces y los fiscales, quedaron sometidos a la autoridad electoral, que es la que decidiría cuándo puede investigar la fiscalía. Claro, se abstuvo de resolver sobre la candidata, por ‘sustracción de materia”, dijo.
Esto en referencia a la resolución de una acción promovida por la FECI en la CC, para que se le levantará la inmunidad a seis diputados de la UNE en el caso que involucraría a Sandra Torres y que además de ser rechazada, habría establecido que el TSE primero debe indagar lo relativo al financiamiento electoral.
Velásquez indicó que esto se ha dado entre el interés que existe por parte de empresarios involucrados en lograr un criterio de oportunidad en el proceso, donde hay interés del Ministerio Público, pero que no lo han logrado. Además, de que se da cuando el presidente Morales está próximo a perder su inmunidad.
También, Velásquez recordó que, en el 2015, la CICIG presentó su informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, donde se demostró la relación entre el financiamiento electoral y la corrupción, concluyendo que el financiamiento ilícito era el pecado original de la democracia.
