Los diputados se proponen, mediante argucias ilegales, impedir que algunos de los que fueron electos el año pasado puedan tomar posesión, para lo cual cuentan con la complicidad de una Contraloría de Cuentas que en vez de cumplir con sus obligaciones constitucionales se ha puesto al servicio del Pacto de Corruptos para castigar a quienes, como la ex Fiscal General, fueron partícipes de la lucha contra la corrupción. Se sabe que la CGCN ha hecho reparos en contra de algunos exfuncionarios públicos y que por virtud de los mismos no podrían contar con finiquito reciente, no obstante que lo tuvieron en el momento de haber sido candidatos y cuando recibieron la adjudicación de cargos hecha por el TSE.
Al margen de las personas que puedan salir afectadas es importante señalar que no hay fundamento legal para que una comisión de “calificación de credenciales” modifique lo que en legítimo ejercicio de sus funciones ya hizo el TSE. Se viene, pues, una intensa batalla legal que arrancará el mismo día 14 de enero cuando se produzca la jugarreta que tienen prevista y, por lógica consecuencia, se vengan las impugnaciones legales que tendrán que terminar en el pleno de la Corte de Constitucionalidad que es la llamada a velar por la correcta aplicación del espíritu y la letra de la norma suprema.
El anterior proceso electoral en Guatemala fue totalmente atípico y se violentó el derecho a elegir y ser electo mediante maniobras que impidieron a ciudadanos inscribirse como candidatos. Y todo fue una jugarreta bien planificada en la que participaron no sólo la Contraloría de Cuentas de la Nación y el Ministerio Público, sino todo el aparato del Estado puesto al servicio de quienes defienden el sistema basado en el imperio de la corrupción y la impunidad.
A ello se suman ahora nuevas jugarretas con las que se pretende violentar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y corregir el resultado de la elección mediante argucias y maniobras que, repetimos, no encuentran asidero legal en ninguna norma escrita que regule las funciones y facultades de la llamada comisión de calificación de credenciales, toda vez que lo que acredita la calidad de diputado electo es la resolución del Tribunal Supremo Electoral en la que se declara la adjudicación de cargos.
Si alguno de los electos tiene problemas de rendición de cuentas tiene que seguirse el procedimiento establecido en la ley para aplicar las sanciones correspondientes, pero no es una comisión designada a dedo por la Junta Directiva del Congreso a quien corresponde decidir.
