BUENOS AIRES
Agencia AP
Un exjuez de la Corte Suprema de Argentina y reconocido penalista y otro experto en derecho constitucional asumieron hoy la defensa del expresidente boliviano Evo Morales para demostrar que es infundada la orden de detención en su contra por terrorismo y sedición y reforzar la campaña internacional contra el gobierno de Jeanine Áñez, al que Morales considera ilegítimo.
El propio Morales presentó en conferencia de prensa en Buenos Aires a Raúl Zaffaroni, exmiembro del máximo tribunal, y al constitucionalista Gustavo Ferreyra, «grandes abogados, no solamente de Argentina sino de América Latina y de todo el mundo».
«Quiero decirles que los procesos de terrorismo y sedición ya los enfrenté tantas veces… Nunca he sido acusado de corrupción ni narcotráfico. Nunca encontrarán que Evo es corrupto. Las acusaciones siempre vendrán, pero en este momento hay que decir fuera al golpismo. El que protesta contra el gobierno de facto es sedicioso, pero siempre estaremos con la verdad y con la justicia», dijo el exmandatario boliviano, quien se encuentra desde mediados de diciembre radicado en la capital argentina en condición de refugiado político.
La fiscalía boliviana emitió una orden de detención contra Morales el 18 de diciembre bajo los cargos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición. Se lo acusa de supuestamente promover los violentos enfrentamientos en su país que dejaron 35 muertos a partir de un audio en el que presuntamente se lo escucha ordenar un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez. El líder indígena ha calificado la acusación de un montaje de la derecha en su contra.
«Por delito de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo hay órdenes de detención firmadas por fiscales, no hay todavía orden firmada por un juez. Eso para nosotros, en caso de que se tramitase pedido de extradición, no sería procedente», indicó Zaffaroni, quien fue juez del máximo tribunal entre 2003 y 2014 y está ligado al kirchnerismo, la corriente de centroizquierda del peronismo liderada por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Agregó que «si llegase un pedido a la cancillería argentina y se tramitara en la justicia federal argentina estaríamos hablando de una situación de no derecho. Deberíamos rechazar jurídicamente algo que es no derecho».
Ferreyra, por su parte, acotó que «Argentina no debería responder a ningún pedido que venga de Bolivia porque no es un Estado constitucional».
Además de estos dos abogados argentinos, también integra la defensa de Morales el exjuez español Baltazar Garzón.
Morales, el primer mandatario indígena en la historia de su país, renunció el 10 de noviembre en medio de protestas sociales y presionado por la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad. Luego se exilió en México y tras un breve paso por Cuba para hacer una consulta médica llegó a Argentina con el beneplácito del presidente Alberto Fernández y la propia Fernández de Kirchner.
Para sus abogados argentinos, Morales es presidente constitucional de Bolivia hasta el 23 de enero, cuando debía finalizar su mandato.
«A partir de la cero hora del 23 de enero se terminó su mandato constitucional. ¿Qué correspondería hacer? Quedan los tribunales. Lo correcto es que asuma la presidencia provisional el presidente de Tribunal Supremo y convoque a elecciones», opinó Zaffaroni. Sobre Áñez, sostuvo que «no sabemos si está ejerciendo el poder. Esta señora ni siquiera está en la línea sucesoria. No sé qué es. Es una situación de facto».
La Asamblea Legislativa de Bolivia tratará en enero la carta de renuncia de Morales que hasta ahora no ha sido aceptada ni rechazada formalmente, anunció la presidenta del Senado, Eva Copa, quien pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales.
Zaffaroni adelantó que analizan hacer una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «para que intervenga sobre el gobierno de Bolivia».
«Lo que ha pasado ya no es una cuestión que hace a cualquier irregularidad institucional, esto ha roto normas elementales de derechos de gente y respeto entre Estados», sentenció el también académico experto en derecho penal.
