Juan Antonio Mazariegos G.
Un par de semanas atrás, el Presidente del Banco de Guatemala y a la vez en la Junta Monetaria comunicó a la población en general que mediante el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se medirá, de ahora en adelante, la actividad económica informal y qué peso tiene la misma en la economía del país. Los resultados, si bien pasaron desapercibidos para la mayoría de guatemaltecos, son alarmantes pues denotan en sí mismos la existencia de dos Guatemalas y la necesidad urgente de que si queremos un mejor destino como país debemos incorporar a la economía formal a los millones de guatemaltecos que viven por decisión propia dentro de la economía informal o sobreviven por necesidad en la misma.
De conformidad con los datos aportados (Prensa Libre, edición digital), la economía informal representó, para este año que concluye, el 22% al Producto Interno Bruto (PIB) y que en ella labora el 70% de la población económicamente activa, al igual que en el 60% de los hogares guatemaltecos se realizan actividades en la economía informal. Además, relata la misma nota periodística, que Johny Gramajo Marroquín, gerente económico y Víctor Flores, director de estadísticas macroeconómicas, expusieron que la economía informal contabilizó Q130 mil millones en 2019, mientras que el PIB nominal fue de Q600 mil millones y con la cual se determinó la proyección.
Al margen de los datos macroeconómicos, debemos de comprender que el problema que representa la economía informal ha sido alimentado grosera y erróneamente por sucesivos gobiernos y el de Jimmy Morales no fue la excepción, concentrados en perseguir a las personas que viven en la formalidad y que contribuyen con sus impuestos, dejando de lado el incorporar a la economía formal a esos millones de guatemaltecos que no suman y que no contribuyen al desarrollo del país. Si bien, no es ético ni posible justificación, la no contribución en el pago de impuestos en la incapacidad de nuestros gobiernos en administrar la cosa pública, sigue siendo ese el mejor argumento de quienes evaden o no se incorporan a la formalidad. Toca entonces al nuevo gobierno concentrarse en viabilizar su inclusión y justificar para esos millones de guatemaltecos que la contribución es mejor para todos y que sus impuestos estarán justificados en obras y desarrollo.
En tanto no logremos entender como país que buscar la formalidad económica de todos es una necesidad primaria, de nada sirve estar discutiendo sobre si la carga tributaria es o no la adecuada para Guatemala, es ridículo compararnos con otros países cuando en Guatemala solo el 30% de las personas económicamente activas carga con la responsabilidad de pagar impuestos. De igual manera resulta alarmante que el 70% de la población económicamente activa solo logre producir el 22% del PIB, eso denota autocontratación, subempleo y cobertura mínima de necesidades.
Iniciamos una nueva década el próximo año, el 14 de enero se instalará un nuevo gobierno, ojalá nos dejemos ya de hablar de décadas perdidas. Es muy bueno que el Banguat publique estos datos sobre la realidad macroeconómica de nuestro país, es hora también de que nos toque un gobierno formal que busque hacer su trabajo, se aleje de la corrupción y que nos enseñe que es posible invertir nuestros recursos en educación, salud e infraestructura. La informalidad en la función pública ha incidido, sin duda, a incrementar la economía informal.
