David Napoleón Barrientos Girón
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En el Artículo 1ro. de la Constitución Política de la República de Guatemala, se lee: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, siendo así; la prioridad que debe tener en la agenda de seguridad y salud, la seguridad vial, debe ser de primer orden, de lo contrario solo queda esperar que en una situación de anarquía en las carreteras, los gobiernos locales y organizaciones comunitarias tomen medidas como la colocación de túmulos, contribuyendo a consolidar una cultura tercermundista que nos aleja sin duda del desarrollo que tanto necesitamos todos. En el año 1996 el Congreso de la República de Guatemala emite el decreto número 132-96, Ley de Tránsito, facultando al Departamento de Transito de la Dirección General de la Policía Nacional, para la aplicación de la misma ley, necesaria regulación que requiere del soporte correspondiente para que desarrolle sus funciones en beneficio de los guatemaltecos que transitamos por las diferentes carreteras del país.
Los siniestros viales se producen regularmente por los siguientes aspectos: falta de señalización en las carreteras del país, ausencia de unidades de control del tránsito desplegadas en las rutas con mayor siniestralidad vial, falta de uso de tecnología para el control del tránsito, falta de una regulación clara consistente y actualizada en la otorgación de los permisos de conducción profesional; en suma, por la falta de normas de aplicación general, o sea de acción estatal. Diagnósticos y planificación hay ya suficientes, lo que hace falta es la acción decidida de asignar los recursos necesarios para iniciar los controles adecuados en el cada vez más pesado tránsito, principalmente de vehículos y así iniciar la creación de una cultura de seguridad vial. Claro que ninguna acción devuelve las vidas de los guatemaltecos, de un sin número de siniestros viales en diferentes partes del territorio nacional, pero si evita en gran medida hechos lamentables, es evidente que en otros países con muchísimo más parque vehicular tienen menos incidentes viales que Guatemala.
El siniestro vial en la madrugada el día sábado recién pasado en el kilómetro 172.5 de la carretera al Atlántico, donde fallecieron más de veinte guatemaltecos entre ellos menores de edad y otros resultaron heridos, muestra la importancia de atender el dramático tema de la inseguridad vial en el país, repetidos hechos que se han convertido no solo en problema de seguridad pública, sino también de salud pública, pues las muertes por accidentes viales constituyen el segundo lugar estadístico de fallecidos de manera violenta en el país, impactando directamente en los guatemaltecos: el luto que deja en las familias guatemaltecas, los lesionados e incapacitados producto de estos hechos, un alto porcentaje de recursos del sistema de salud pública se destina para la atención a los lesionados, el impacto en el bolsillo de las familias de los accidentados, la imagen de país inseguro que afecta el flujo turístico, entre otros; definiendo imperativamente que es un tema de interés social.
