Julio García-Merlos
Twitter: @jgarciamerlos
El trágico accidente ocurrido en la curva de El Lobo en Gualán, Zacapa, el 21 de diciembre en donde se perdieron veintiún vidas y casi igual número de heridos, puede ser un caso más en el que un piloto se ve involucrado en un accidente de tránsito no ocasionado por él y que adicionalmente a ser víctima del hecho, tiene que afrontar el proceso penal en su contra.
La versión de los hechos que ha circulado en distintos medios de comunicación es que un tráiler conducido por Mynor Paolo Girón se pasó a la vía contraria, colisionando con un bus conducido por Faustino Pelicó López, que viajaba de Petén a la capital alrededor de las tres de la mañana.
El vocero de la PNC informó que, como consecuencia del accidente, fueron detenidos ambos pilotos. Es importante resaltar que el piloto del tráiler supuestamente quiso darse a la fuga y fue detenido por el ayudante del bus que piloteaba Pelicó López y por otra persona que conducía un vehículo particular. A esta detención que hace un particular en un delito flagrante, se le conoce como “arresto ciudadano” y está regulado en el artículo 257 del Código Procesal Penal. El Inacif procesó la escena del crimen, lo que duró alrededor de diez horas.
Luego de ser detenidos, los pilotos fueron puestos a disposición del Juez de la localidad. Rápidamente en las redes empezaron los cuestionamientos. ¿Por qué se detiene a Faustino Pelicó López, piloto del autobús, cuando los indicios preliminares apuntan a que la responsabilidad la tiene el conductor del tráiler y no el del autobús? La respuesta es que lamentablemente en nuestro país, existe el mito legal de que quien conduce un vehículo y está involucrado en un accidente de tránsito es responsable del mismo, operando la presunción de culpabilidad, en lugar de la presunción de inocencia. Existe la práctica de arrestar a todo conductor que se ve involucrado en un accidente de tránsito, si hay heridos o muertos. Luego del arresto, la persona es puesta a disposición de juez y en muchos casos, el juez liga a proceso al conductor, por el simple hecho de ir conduciendo el vehículo. Esto es una mala práctica cuando no existen más indicios de culpabilidad que el hecho de ir conduciendo el vehículo.
La práctica correcta debiese ser que se arreste únicamente a la persona en contra de quien hay indicios. El Ministerio Público debe dirigir el procesamiento de la escena del crimen y las actitudes legales, entrevistas a testigos, identificación de posibles sospechosos, recolección de evidencia y elaboración de la hipótesis preliminar. En esta labor, debiese recabar evidencia que podría perderse, por ejemplo, exámenes de sangre a ambos pilotos, para constatar si conducían bajo efectos de alcohol o drogas.
Con una hipótesis preliminar, si el Ministerio Público no encuentra evidencia en contra del piloto del autobús, debiese pedir al juez que le otorgue una falta de mérito. La falta de mérito no es una exculpación, impunidad o liberación, simplemente es una resolución que advierte que en ese momento no hay elementos suficientes para ligar a una persona a proceso penal. Si con posterioridad se encontrasen indicios en contra de Pelicó López, el Ministerio Público puede pedir su declaración ante juez y que sea ligado a proceso. Es importante aclarar que, en estos primeros momentos de la investigación de un caso, se trabaja con hipótesis preliminares, no se está declarando ni la culpabilidad ni la inocencia de ninguno de los involucrados. Estas hipótesis preliminares sirven para que las autoridades puedan tomar las decisiones iniciales, como ligar a proceso a una persona o dejarla en libertad. Sin embargo, a pesar de que son decisiones provisionales, las mismas deben tomarse respetando los derechos individuales de los ciudadanos, debe prevalecer el sentido común y no revictimizar al afectado con una persecución infundada.
Las autoridades deben actuar de forma objetiva y respetando la Constitución, la que garantiza la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad. Son muchos los casos en accidentes de tránsito en los que el conductor de un vehículo es evidentemente víctima, sin embargo, es acusado y procesado.
