Por MARÍA VERZA y CHRISTOPHER SHERMAN
Agencia AP
HERMOSILLO, México
El hombre grueso de mediana edad recorre la pesada cortina y entra en el reservado del club nocturno que regentea dejando fuera a un hombre de seguridad. En la penumbra del interior, apenas rota por una leve luz rojiza que entra por debajo de la tela, accede a hablar de su trabajo: administrar el dinero generado por el tráfico de migrantes a lo largo de 600 km de frontera entre México y Estados Unidos.
«Controlamos toda la frontera» de Sonora con Arizona, dice este gestor financiero que pide ser identificado sólo como Manuel. Habla desde la ciudad de Hermosillo, su base de operaciones a 300 kilómetros de la frontera, con la tranquilidad de un empresario, no como alguien al margen de la ley.
Su organización, aunque no la menciona explícitamente, es el Cártel de Sinaloa. Todos lo saben.
El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y México se ha traducido en más fuerzas de seguridad en la frontera y «dificultado» el negocio, pero Manuel no está preocupado: puede haber menos cruces y se gasta más, pero también se cobra más. Conclusión, el dinero sigue fluyendo.
En un año de grandes cambios en ambos lados de la frontera, ha habido una combinación de nuevas maneras con viejas técnicas: precios más altos para los viajes, pagos por entregarse a las autoridades, nuevas «ofertas», pero también el uso de rutas tradicionales y los sobornos generosos a funcionarios.
The Associated Press recogió en los últimos meses decenas de testimonios de migrantes y de algunos «coyotes» o «polleros» en varios puntos de las rutas en Centroamérica y México que muestran que el tráfico es un negocio próspero que ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades.
En la mayoría de los casos, los entrevistados pidieron no ser identificados: los migrantes para no cerrarse puertas de nuevos cruces, los «coyotes» por ser parte de un negocio ilegal.
En el territorio que Manuel administra, dice, ganan en torno al millón de dólares al mes. La cifra es una mínima parte de un negocio multimillonario que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima en 4 mil millones de dólares al año. El gobierno mexicano lo eleva a 6 mil millones.
Las autoridades de México aseguran estar combatiendo con dureza las redes que trafican con migrantes, pero hay escasas evidencias de procesos en marcha y menos aún de sentencias. Aunque las medidas iniciadas por los dos países parecen haber desalentado a algunos a emigrar, también han convencido a otros de que su viaje sólo podrá tener éxito de la mano de un profesional.
«Es un negocio que no vas a parar», afirma Manuel.
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Cuando las puertas traseras del tráiler se abrieron de par en par para que los migrantes empezaran a subir, un maestro hondureño de 26 años que viajaba con su esposa y su hija de 4 quiso echar a correr en dirección contraria.
Estaban en algún punto del sur de México y 500 kilómetros más al sur, en Los Amates, en la frontera entre Guatemala y Honduras, su «coyote» le había garantizado que por 7 mil dólares lo llevaría junto con su familia a Estados Unidos en autobuses de lujo y con comida incluida.
La caja metálica que tenía enfrente era en lo que se había convertido esa promesa. El hondureño no podía dejar de pensar en su niña y en los 4 mil dólares que ya había pagado y que no podía perder.
«Arriesgué a mi hija porque me dijeron que no íbamos a sufrir, que íbamos a venir bien, comiendo bien, pero todo fue una mentira», dice el maestro, que pide ser identificado sólo como Jesús. «Ya en el camino la realidad es otra».
Desde el inicio de su administración, Donald Trump ha combatido la inmigración, un fenómeno que llegó a tachar de «crisis» o de «invasión». La llegada de miles de migrantes en caravanas a finales de 2018 avivó su furia y en la primavera de este año amenazó a México con imponer aranceles a todas sus exportaciones si no frenaba su paso. La respuesta mexicana fue el despliegue de miles de fuerzas federales a lo largo de las principales rutas de tránsito.
Después, Washington firmó una serie de acuerdos con los países del Triángulo Norte centroamericano –Guatemala, El Salvador y Honduras– para que los migrantes que cruzaran por sus respectivos territorios enfrentaran más complicaciones para solicitar asilo en territorio estadounidense.
Las medidas se dejaron notar: el número total de aprehensiones y de personas consideradas inadmisibles en las garitas estadounidenses ascendió a 977 mil 509 de octubre de 2018 a finales de septiembre de 2019, la mayor cifra desde 2007 y un 87% más que durante el mismo periodo del año anterior.
Hubo otro efecto: los migrantes volvieron a quedar «en manos de la mafia», conscientes de que sólo con ayuda llegarían «al otro lado», dice Guillermo Valdés, exdirector de inteligencia de México. El Instituto Nacional de Migración dice tener identificadas a 18 redes de esas mafias que operan en nueve ciudades del país.
El precio del cruce para internarse en Estados Unidos comenzó a incrementarse, superando a veces los 10 mil dólares desde Centroamérica, un monto normalmente pagado por los migrantes mediante pequeños depósitos en cuentas distintas para que las transferencias no sean detectadas.
Pero la oferta estrella del año en esa región fue la que se conoció como «el paquete»: llevar a un adulto y a un menor hasta las manos de la Patrulla Fronteriza por un costo de entre 3 mil y 6 mil dólares. La esperanza de las familias era que poco después de entregarse pudieran seguir su proceso de asilo en territorio estadounidense.
Ese era el plan de Jesús.
Pagó la primera parte de su viaje al salir de Honduras el 15 de agosto y recibió una serie de indicaciones para tomar varios autobuses. Al llegar a La Mesilla, en la frontera de Guatemala con México, cruzó por la garita, donde un soldado mexicano saludaba a su grupo con la mano en lugar de pedirles algún documento. Otros migrantes se internan por los más de 300 puntos ciegos que tiene esa porosa frontera.
Nada más adentrarse en territorio mexicano, el cómodo viaje que Jesús había imaginado se esfumó: junto con otros 150 migrantes, él y su familia no tuvieron opción más que subirse a la caja del tráiler. Segundos después, las puertas se cerraron y el camión arrancó.
La clave de un viaje exitoso es sólo una: la corrupción.
Un «coyote» salvadoreño que lleva décadas en el negocio lo resume de forma sencilla: para un viaje seguro y eficiente «tienes que pagar». Y con más policías guatemaltecos pidiendo la documentación en los autobuses y miles de elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas desplegadas en las principales rutas, también son más a las personas a sobornar.
La recientemente creada Guardia Nacional «incrementa el precio» en México, dice el traficante, un exsoldado. Y el hecho de que en los controles haya efectivos de distintas corporaciones (agentes migratorios, policías estatales y federales, y la misma Guardia) complica las cosas porque ninguno quiere aceptar sobornos delante de los otros.
Algunos «coyotes» llevan un vehículo de avanzada en el camino que les alerta de los controles con tiempo suficiente para que repartan dinero a los migrantes y que sean ellos los que se lo den a los agentes, como si viajaran sin guía.
Otros, como el salvadoreño, hacen los pagos antes de que sus clientes vean el control y a una sola persona que se encarga de pagar a los demás. «Y cuando uno pasa por los retenes de migración, está en verde la luz», agrega chasqueado los dedos.
Cuando Jesús llegó a la altura de Coatzacoalcos, en uno de los extremos del istmo donde México concentró su política de contención, cinco agentes de la Fiscalía federal detuvieron el camión, descubrieron a los migrantes y les exigieron 35 dólares por cabeza para dejarles continuar. En cuestión de minutos, sólo con ese tráiler, los agentes se embolsaron más de 5 mil dólares.
El gobierno mexicano ha denunciado la existencia de una red muy estructurada de tráfico que utiliza este tipo de camiones de carga, muchas veces con logos de empresas conocidas, donde familias completas son hacinadas con riesgo de morir asfixiadas.
Los migrantes suben en lugares conocidos como «lanzaderos» y toman carretera rumbo al norte, a Tamaulipas, fronterizo con Texas, la ruta más rápida y más barata por donde pasa más del 50% de este tráfico clandestino.
Otros cruzan el país en camionetas, ocultos por una lona; en autobuses de pasajeros, o incluso en avión con credenciales falsas proporcionadas por los propios «coyotes», una modalidad de la que alertó la ONU en mayo.
No faltan los tramos donde los guías obligan a sus clientes a bajarse y rodear un control caminando por la montaña, o donde los migrantes son interceptados por gente uniformada y armada que nunca saben si son criminales o policías. Tampoco las rutas marítimas, bien por las costas del Pacífico o del Golfo de México.
Durante el trayecto, que suele durar unos cuantos días, los migrantes pasan la noche en bodegas, generalmente en ciudades en las que coinciden distintas rutas y donde los guías administran los siguientes traslados.
Dos días después de salir de Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz, Jesús y su familia dormían en el suelo de una de esas bodegas del centro del país, apiñados con otras 500 personas de distintos países del mundo y sólo un paquete de galletas con el que dar de comer a su hija.
La frontera entre México y Estados Unidos tiene dueño.
Con la excepción de contados lugares, como las garitas oficiales, el crimen organizado controla cada kilómetro que separa ambos países y decide qué, quién, cuándo y cómo cruza y por cuánto dinero por cada lugar.
La gestión y las reglas varían según el cártel dominante –grandes organizaciones en unos puntos, en otras células que operan como franquicias dando determinados servicios–, pero hay un denominador común: un migrante tal vez pueda eludir la sofisticada red de tráfico para entrar o atravesar México, aunque casi nunca al cruzar a Estados Unidos.
En la franja norte se activan los últimos eslabones de una cadena que empieza en Centroamérica, América del Sur o incluso en África o Asia, y que está formada por «enganchadores» (muy activos en estaciones de autobuses o albergues de las ciudades de paso), transportistas, vigilantes, lancheros… y por supuesto los «coyotes» o «polleros» que pueden ser una docena en todo el trayecto, que guían a cada migrante por un tramo específico y van reconociendo a sus «pollos» con contraseñas pactadas.
Los «coyotes», que antes eran vistos como gente de confianza de los migrantes, desde hace más de una década tienen que pagar a las mafias por permisos que les autorizan, por ejemplo, a cruzar a migrantes de una determinada nacionalidad o a usar cierto paso o cambiar a otro si por el primero está cruzando otra «mercancía», como la droga.
«Es como las manecillas del reloj», afirma Manuel, el operador financiero. «Tienen que funcionar todas las piezas para que esto funcione y ahorita con todos tienes que arreglar».
Dice que la «empresa» (el cartel) renta la «plaza» o territorio a las bandas locales para poder utilizarla y administrar lo que trafique, y paga a los cuerpos de seguridad para que les dejen operar. Manuel pone el ejemplo de Nogales, donde la «cuota» a cada corporación «para que no moleste» es de 25 mil dólares mensuales. Según dice, se paga a todos: policía local, estatal, federal, incluida la Guardia Nacional. La excepción es el ejército que, asegura, opta por mirar para otro lado aunque «de una u otra forma se benefician, con un favor o algo».
Los problemas surgen cuando «los acuerdos se distorsionan». En esos casos, hay violencia.
El gobierno mexicano asegura haber puesto en marcha operaciones de limpieza en las distintas corporaciones tanto de seguridad federal como en el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Al solicitar comentarios para este reportaje, las autoridades federales dijeron no haber recibido denuncias por casos de sobornos.
Las ofertas para el cruce varían. En la frontera donde opera Manuel, la flexibilidad es máxima. El coste tiene que ver con la nacionalidad y con la modalidad elegida: caminar siete días por el desierto, sólo tres, apenas dos horas o incluso unos pocos minutos a través de la garita, esta última la opción más cara.
«Hay manejo de visas rentadas», explica Manuel sobre la última modalidad. «Buscas un parecido» del migrante con el que renta el documento, pagas al que lo presta y esperas a que el truco funcione o a que esté trabajando un agente estadounidense dispuesto a recibir un soborno. «Hay gente que jala (coopera) y gente que no».
En la frontera entre Tamaulipas y Texas, hay pueblos enteros que viven del tráfico de migrantes, como Ciudad Miguel Alemán, una localidad de 20 mil habitantes a la orilla del Río Bravo. Aquí han proliferado las casas de seguridad porque «hay mucha gente sin trabajo y se han prestado para utilizar sus viviendas», cuenta una vecina. Eso sí, también previo pago de una cuota a la delincuencia.
«Todo el mundo se ha metido al negocio y está generando mucho dinero», añade la mujer, temerosa de dar su nombre porque tiene una de esas casas pegada a la suya.
En el lado estadounidense, también operan casas de seguridad desde donde los traficantes, generalmente ciudadanos o mexicanos con visas legales, distribuyen a la gente hacia el interior del país. Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo que en el último año fiscal se localizaron cerca de 3 mil migrantes en ese tipo de casas.
Cuando Jesús, el maestro hondureño, estaba a punto de entrar en la ciudad de Reynosa, unos kilómetros río abajo de Ciudad Miguel Aleman y fronteriza con McAllen, un grupo de hombres armados detuvo el camión. «Pensé que eran federales porque tenían sus conos y estaban bien armados», recuerda.
Se equivocaba. Eran integrantes del crimen organizado que les explicaron cómo funcionaban las cosas en esas tierras norteñas.
Reynosa es una ciudad de maquilas y símbolo de las guerras más sangrientas del narcotráfico. Ahora, sus principales entradas están controladas y entrar y salir cuesta.
Los hombres armados pidieron a cada migrante «la contraseña» con la que demostraran que ya habían pagado a su grupo. Si no la sabían, debían desembolsar 25 dólares por entrar al territorio del cártel y luego 500 para salir. Eso sí, en este segundo pago iba incluido el cruce en lancha por el Río Bravo.
Jesús, además, debía entregar los 3 mil dólares pendientes de su viaje antes de poner el pie en la balsa. «Terminas de cancelar el viaje o te matan».
El maestro hondureño, su esposa y la niña cruzaron la misma noche que llegaron a Reynosa con otras 50 personas.
Ir de una orilla a otra del Río Bravo toma unos diez minutos y se hace en pequeñas balsas inflables, en las que muchas veces meten a los migrantes arrodillados para que quepan más. Al llegar al otro lado, suelen agazaparse entre la hierba y esperar a que todo el grupo esté en territorio estadounidense antes de entregarse, para no alertar a la Patrulla Fronteriza antes de tiempo.
Como el objetivo de estos migrantes no es internarse, a veces son utilizados como carnada por los traficantes para que entretengan a los agentes mientras, por otro lado, pasan al grupo que pagó más y quiere llegar hasta dentro de Estados Unidos.
Jesús se entregó junto con su familia y estuvo una semana en instalaciones estadounidenses hasta que fue devuelto a Matamoros, en Tamaulipas, con una cita para que una corte revisara su caso el 2 diciembre.
Esta ciudad del extremo este de la frontera es uno de los puntos por donde Estados Unidos ha devuelto este año a más de 55 mil solicitantes de asilo. Su situación vulnerable y muchas veces desesperada es una oportunidad de oro para que los traficantes hagan dinero.
En algunos casos, son los propios migrantes quienes contactan con sus «coyotes» que a veces hasta llegan a buscarlos en Uber. Los traficantes siempre esperan poder venderles un nuevo cruce más adelante.
En ocasiones, algunos incluso pagan para volver a entregarse en espera de un milagro. Otros prefieren cambiar de frontera, aunque eso signifique mandar a su familia de regreso a casa.
Eso hizo Jesús: su esposa y su hija regresaron a Honduras y él esperó su cita en el sur de México, una zona menos peligrosa.
A finales de noviembre, se lanzó de nuevo al norte, esta vez con los documentos de la cita que le permitían moverse legalmente por territorio mexicano. Cuando llegó a Monterrey, a más de 300 km de su destino, le dijeron que el cártel que controla Matamoros le exigiría un pago de 500 dólares por entrar en la ciudad y llegar a su cita en Brownsville, Texas. No tenía ese dinero.
El día después de perder su cita, buscaba trabajo en Monterrey para conseguir los 9 mil dólares que le pedían ahora por llevarlo hasta Nueva York, donde tiene familia, una opción que siente todavía incierta. «Aquí no hay nadie que le garantice el viaje a uno», dice pensando en todas las deudas que lleva acumuladas y que le quitan la idea de regresar a casa.
El flujo de migrantes hacia Estados Unidos ha continuado bajando en noviembre, cuando hubo casi un 5% menos de detenciones que en octubre y un 70% menos que en mayo, el mes con el mayor registro del año, según los últimos datos divulgados por la Patrulla Fronteriza.
Tanto Washington como México celebran el éxito de sus políticas, pero quienes viven del tráfico de migrantes ni se inmutan.
Manuel, el operador financiero, asegura que en el lado estadounidense «hay puntos en los que tenemos arreglos y otros en los que tienes que jugarte más el pellejo». Y añade: «pero de este lado (el mexicano) no es nada que no puedas resolver».
Para él, una clave es mantener el control de puntos estratégicos, como Altar, un pueblo polvoriento de temperaturas extremas en la zona desértica del estado de Sonora, donde la mayoría de sus 10 mil habitantes viven directa o indirectamente del tráfico de migrantes. Ahí todos ven, oyen y callan.
Es, además, un lugar vital para la distribución droga, dice Manuel.
Para muchos migrantes, sin embargo, Altar es como una cárcel.
Un hondureño de 28 años lleva cinco meses atrapado ahí. «Me agarraron al bajar del autobús, me llevaron a la casa de huéspedes, pagué 800 dólares de un total de 5 mil que fue lo pactado, y empezaron las mentiras de ‘mañana nos vamos’, pero aquí sigo».
El hombre se pasa los días esperando en la «casa de huéspedes», habitaciones como camarotes, con planchas de madera en forma de literas gestionadas por los propios traficantes. No tiene dinero para el resto del pago. Tampoco para irse, porque le exigen una «cuota de salida».
En casos como estos, Manuel dice que se aprovecha el «otro negocio»: cargan a los migrantes con mochilas de hasta 25 kilos de droga. También los usan como «puntos», vigilantes que dejan varados en algún montículo en medio del desierto para que alerten de los movimientos de las autoridades.
«Si no traen dinero, les dices: ‘esto cuenta tanto’, y tienen que trabajar», agrega el operador.
A pocos kilómetros de las vías del tren que lleva a muchos hasta su sueño, el hombre que gestiona una pequeña parte del dinero que va al Cártel de Sinaloa sigue hablando en la penumbra para que ni siquiera sus interlocutores puedan verle bien la cara. Dice no sentirse más acosado por las autoridades a pesar de la mano dura impuesta este año. El riesgo, afirma, es el mismo de siempre.
«Vas a tener más gastos, pero no cambia nada», insiste. «La frontera es un negocio para todos».
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