Félix Loarca Guzmán
Ayer 10 de diciembre, el pueblo de Argentina vivió una jornada histórica de gran envergadura, al producirse la toma de posesión del nuevo gobierno de tendencia progresista, encabezado por los demócratas Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Fernández de Kitchner, pues con ese suceso vuelve la esperanza por un futuro mejor, luego que el gobierno neoliberal y pro yanqui de Eduardo Macri, dejó devastado al país con una asombrosa deuda y la constante vulneración de los derechos humanos.
Una multitudinaria concentración de los argentinos vitoreando a los nuevos gobernantes, dejó en claro el rechazo del pueblo, al desgobierno que ayer dejó el poder luego de endeudar al país de manera sin precedentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el día en que en todo el mundo se conmemoraban los 71 años de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los argentinos impulsados por una profunda alegría, manifestaron su esperanza por un futuro más alentador.
El nuevo presidente, Alberto Fernández, prometió públicamente que su gobierno velará por el respeto de los derechos humanos de cada uno de los argentinos, lo cual abre la expectativa de una nueva era.
La derrota electoral del gobierno neoliberal que presidió Mauricio Macri, vino a confirmar que la agonía del capitalismo ha comenzado, y que gradualmente se irá extendiendo porque los pueblos ya no soportan la pobreza, el hambre y la desigualdad social.
En Chile y Colombia, por el contrario, las mal llamadas fuerzas del orden, continuaron con sus salvajes acciones de represión en contra de las protestas populares, ante un sistema caracterizado por la miseria y la injusticia social.
En Guatemala, sospechosamente los principales medios de comunicación, trataron de invisibilizar la euforia que vivió el pueblo de Argentina, con la asunción del nuevo gobierno e igualmente ocultaron los atropellos a los derechos humanos en Chile y Colombia.
En nuestro país, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de Finanzas entregar en el plazo de 5 días, a la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, los fondos correspondientes, unos 20 millones de quetzales, para el pago de salarios, aguinaldos y otros derechos laborales, así como para garantizar el futuro funcionamiento de la entidad.
La resolución de la máxima Corte es consecuencia de un recurso interpuesto por el procurador, Jordán Rodas, quien ha tenido que luchar contra una permanente conspiración de parte del Organismo Ejecutivo y algunos diputados del Congreso de la República, estos últimos que incluso llegaron a la desvergüenza de promover un movimiento para destituirlo.
Al referirse a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el procurador Rodas, dijo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad constituye un precedente de gran envergadura en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Al respecto, recordó que en Guatemala lamentablemente muchos derechos se siguen violando. Resaltó la desigualdad social, el racismo y la corrupción.
