Por: Cristian Velix
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El mandatario Jimmy Morales perderá el derecho de antejuicio el 14 de enero próximo cuando finalice su período presidencial y tras esto podría ser investigado por el Ministerio Público (MP), por lo que a consideración de analistas consultados el dignatario debe enfrentar la justicia luego que entregue el cargo.
De esa forma, Renzo Rosal, analista independiente, dijo que en el escenario óptimo o deseable es que se tienen que deducir las responsabilidades legales, fundamentalmente de orden penal, del Presidente, ya que es evidente que él ha tomado un conjunto de decisiones que están fuera de ley.
“Inclusive que su llegada con todo el tema de financiamiento electoral anómalo, ilícito o no registrado como se le quiera denominar, es, desde ahí, inclusive no siendo Presidente, que hay todo un conjunto de irregularidades, ilegalidades, que durante su ejercicio como Presidente de la República siguió cometiendo”, agregó el experto.
El politólogo explicó que Morales se atrevió en desatender y desoír resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), que son de mandato obligatorio, sí o sí, situación que ningún otro mandatario ha hecho en Guatemala.
“Eso junto con el Hogar Seguro, junto con el Bono Militar, más lo que ya mencionamos del financiamiento, seguramente hay otros más, estos son como las piezas fundamentales, son elementos clave que aquí lo que está en juego, al final de cuentas, es el régimen de impunidad”, expuso el entrevistado.
A pesar de ello, Rosal añadió que “la otra dinámica es el mundo real”, en el cual el Congreso está intentando aprobar “a toda velocidad” lo relativo a la prisión preventiva y probablemente otras reformas al Código Penal, con el que se busca beneficiar, entre otros, a Morales y “lograr que el manto de impunidad lo cubra y salga finalmente burlándose de la ciudadanía”.
Por otra parte, el analista independiente refirió que la gestión de la fiscal general, María Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) ha estado en entredicho, pero tiene la posibilidad de recuperar terreno, de tomar un poco de legitimidad y credibilidad con lo relacionado al mandatario.
“El tema de llevar o no a Jimmy Morales ante la justicia es donde se juega la única posibilidad por delante que pueda reivindicarse la gestión de la Fiscal General, de lo contrario terminará hundiendo al MP”
Renzo Rosal, analista político.
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EL MP TENDRÁ QUE ACTUAR
Respecto al tema, María del Carmen Aceña del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) manifestó que al dignatario le puede suceder algo similar a lo ocurrido con la expresidenciable, Sandra Torres, detenida poco después que culminaran los comicios de este año.
En esa línea, la ex funcionaria pública indicó que hay que esperar si realmente la actual máxima autoridad del Organismo Ejecutivo se va a quedar en Guatemala o, si por el contrario, saldrá del país, aunque señaló que esto se desconoce.
No obstante, Aceña agregó que, si hay procesos abiertos y si es un delito muy señalado en el sentido que tiene que ser citado, hacer una primera declaración y todo el proceso, Morales tendrá que rendir cuentas ante la justicia y el MP deberá actuar.
Por otra parte, la experta afirmó que la actual administración gubernamental fue “bastante mediocre”, que los servicios públicos se deterioraron, además que el Presidente trabajó más tiempo en defenderse él y a su familia, lo cual “posiblemente era su prioridad”.
“Hoy no tenemos transparencia, no tenemos justicia, tenemos una sociedad totalmente polarizada y la pobreza sigue ahí, no hubo ningún cambio, todos teníamos una gran expectativa de un Gobierno que iba a ser ‘ni corrupto ni ladrón’ y al final lo que encontramos es que era totalmente ineficiente”.
María del Carmen Aceña, CIEN.
Por último, la integrante del CIEN mencionó que la lección es que necesitamos de gente honesta que nos gobierne y que los tres poderes del Estado funcionen, sin embargo, comentó que “ahorita no tenemos una Corte, por ejemplo, lo que tenemos es una Corte de Constitucionalidad que es la que dictamina lo que se hace”.
“Tenemos que regresar a que cada institución haga su rol con gente capaz, con eficiencia, para que funcione el país, porque sin justicia no podemos salir adelante, sin el Ejecutivo no podemos tener obra pública ni servicios de calidad y sin el Congreso no podemos lograr los recursos para esas inversiones”, finalizó Aceña.
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SOBRE LA INMUNIDAD DE MORALES
En los últimos días, ha surgido información relacionada a la toma de posesión de los diputados del Parlamento Centroamericano y la posibilidad que Morales se integre a ese organismo inmediatamente al dejar la Presidencia, sin embargo, en declaraciones a La Hora, el actual presidente del Parlacen, Alfonso Fuentes Soria aseguró que el mandatario y su vicepresidente Jafeth Cabrera no tomarían posesión el mismo 14 de enero.
Una sentencia de la CC de 2004 detalla que a pesar que un presidente asuma una diputación en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), perderá su inmunidad, por lo que Morales podría ser procesado por al menos tres investigaciones.
A pesar de la sentencia de la CC del 2004, en las Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericanos y que fueron aprobadas el 20 de febrero de 2008 y refrendado por el Congreso de la República 24 de septiembre del 2018, se establece que nuevamente los integrantes del Parlacen obtienen inmunidad.
Esto se detalla en el Artículo 22 y literal d) de ese cuerpo legal, en donde se establece que los diputados de ese organismo gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestados en el ejercicio de sus cargos.
INVESTIGACIONES
Entre las investigaciones por las que podría enfrentar proceso penal Morales se encuentra el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación mismo en el que se le señala, entre otros hechos, de recibir aportes de empresarios para el pago de fiscales de mesa por un monto de alrededor de Q7 millones, los cuales se ocultaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Asimismo, el Ministerio Público (MP) requirió en su momento que Morales fuera investigado por recibir irregularmente un bono del Ministerio de la Defensa (Mindef) por Q50 mil cada mes. La suma total percibida por el mandatario fue de Q450 mil.
Además, una denuncia de la diputada Sandra Morán y del legislador Leocadio Jucarán hizo que la Fiscalía de Delitos Administrativos accionara en contra del mandatario por la tragedia ocurrida el 8 de marzo del 2017 en la que murieron 41 adolescentes y otras 15 resultaron heridas.
Esa acción se debió, ya que a criterio de ambos congresistas Morales tuvo que dictar las medidas necesarias para la protección de las menores al estar a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la cual depende jerárquicamente de la Presidencia de la República. Por ninguna de estos expedientes el presidente pudo ser investigado y fue protegido por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Recientemente la fiscal general, María Consuelo Porras, señaló que en los casos en los que puede estar involucrado el presidente Jimmy Morales, los fiscales tienen la misma instrucción que con cualquier otra persona investigada, que es la de atenderlos de manera pronta y cumplida.
“Los señores fiscales que llevan todos los casos, indistintamente de la persona que se trate, tienen la obligatoriedad que la investigación sea pronta y cumplida, porque siempre he dicho que una justicia tardía no es justicia”
María Consuelo Porras, fiscal general.
Días antes La Hora publicó un reportaje sobre las investigaciones por las que podría ser indagado Morales al dejar el cargo en el que se expuso que los fiscales que llevan los casos han guardado silencio respecto a si podría haber acciones en contra del mandatario y en el caso de Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales, manifestó que eso lo tenía que responder la Fiscal General y que prefería no pronunciarse.
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