Marco Trejo
Los denominados Pactos Colectivos que se suscriben, incluso a espaldas del pueblo de Guatemala, quien es el que aporta el dinero de los impuestos, son totalmente descarados y lesivos para los intereses del Estado y así tienen que ser considerados por el electo gobierno que tomará posesión el 14 de enero de 2020.
Si nos ponemos a buscar podemos encontrar todo tipo de negociaciones, pero que al final de las cansadas son la misma cosa: un beneficio total para un grupo de sindicalistas que viven de la mal llamada “lucha sindical”.
En un inicio estas negociaciones, entre un patrono (el Estado) y los burócratas sindicalizados fueron pensados para conseguir reinvindicaciones laborales, pero ahora se han convertido en un asalto al descampado para ese niño que sufre las secuelas de la desnutrición o para esa niña que no tiene un pupitre decente para recibir educación.
Los Pactos Colectivos solamente sirven para que unos pocos se llenen los bolsillos de fondos públicos y que el otro bando, porque esto más parece crimen organizado, los dejen trabajar sin ser molestados. En dichas negociaciones podemos encontrar todo tipo de premios, que van desde un bono navideño hasta un bono por atención ejemplar. Incluso, el presidente Jimmy Morales recibió uno de Q450 mil por riesgo del puesto que ocupa, que por cierto lo tuvo que devolver por ser ilegal.
El dinero que se recetan estos burócratas proviene de los impuestos, un dinero que no es ganado en base a trabajo, sino que es tomado de las arcas del Estado para su propio beneficio, incluso, sin hacer bien su trabajo porque lo único que les importa es llenarse los bolsillos porque las cifras del índice de desarrollo humano están por la calle de la amargura.
La tasa de desnutrición infantil es una de las más altas de Latinoamérica, el analfabetismo no se queda atrás y la mortalidad infantil está entre las más altas en la región. Guatemala ocupa la posición 127, un lugar que no merecemos, pero que ostentamos por la avaricia de malos guatemaltecos, quienes no cumplen su función, pero gritan a todos los vientos un Pueblo Unido Jamás será vencido.
En Centroamérica, Guatemala es el quinto país, por detrás de Costa Rica (63), Panamá (66), El Salvador (121) y Nicaragua (124) con peores datos. El listado regional lo cierra Honduras, en el puesto 133. Estas cifras lo único que nos dejan es una sociedad sumergida en la debacle social y un puñado de sindicalistas que viven prendidos de la ubre del gobierno, sin pena ni gloria.
“El Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y a las demás materias relativas a éste”, según definición textual del Código de Trabajo que revela que fue aprobado el 1 de mayo de 1947 durante el Gobierno de Juan José Arévalo y en conmemoración al Día Internacional del Trabajo.
Este código contiene principios ideológicos democráticos y su propósito en general es proteger al trabajador, pero no habla de beneficios económicos para los trabajares como sucede actualmente. El espíritu de la ley se tergiversó totalmente.
Es inconcebible que en un pacto colectivo se disponga del dinero que debe servir para buscar el desarrollo de la población, pero en nuestro país se aprovecha para dar bonos navideños, como sucede con el Sindicato del Ministerio de Educación que tiene negociado uno cada fin de año.
Se conoce también de casos en donde los sindicalistas han negociado que las plazas que dejen sean dadas a sus familiares, sin que el nuevo empleado tenga las calidades profesionales para ocuparlas. Esto demuestra que los que piden respeto a las Leyes laborales, irrespeten otras normas como la Ley de Servicio Civil que es la que regula el otorgamiento de las plazas estatales.
Ahora toca ver si el electo presidente Alejandro Giammattei tiene los arrestos necesarios para mandar a declarar lesivos estos pactos laborales, que solamente benefician a vividores del Estado.
