Por Eder Juárez
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El abogado constitucionalista Gabriel Orellana presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un memorial para la renovación del amparo provisional otorgado el 14 de julio pasado, en el que se previno al presidente Jimmy Morales de asumir la decisión en nombre del Estado de Guatemala, de constituir al territorio nacional como “Tercer País Seguro”, sin cumplir los mecanismos establecidos en la literal I del artículo 171 de la Constitución Política de la Republica.
El abogado planteó esa medida porque la semana pasada arribó a nuestro país el primer migrante hondureño solicitante de asilo.
Según explica el memorial presentado por el abogado, este amparo fue revocado el 9 de septiembre por la CC, considerando que las circunstancias que proporcionaron el otorgamiento de la protección habían variado.
Por lo que solicita a la Corte examinar de nueva cuenta la petición del amparo provisional, “tomando en cuenta los nuevos hechos y circunstancias”. Asimismo, se solicita que se otorgue amparo provisional ordenando al Presidente de la República “se abstenga de realizar unilateralmente cualquier acto con los Estados Unidos para constituir a Guatemala como Tercer País Seguro, en atención al tema de las migraciones irregulares, que puede vincular a la República de Guatemala sin antes haber sido aprobado por el Congreso de la República”.
De acuerdo con Orellana, la petición para renovar el amparo provisional es “porque hasta hoy se sabe que la Ministra de Relaciones Exteriores afirmó que el convenio ya cobro vigencia, jugándole la vuela a la CC”.
Además, dentro del memorial presentado en la CC, señaló que a la presente fecha es un hecho público y notorio que el Gobierno de Guatemala y Estados Unidos han comenzado a cumplir con el “Acuerdo de Tercer País Seguro” a pesar de que por parte de Guatemala no se ha cumplido con los recaudos constitucionales oportunamente fijados por la CC, en el auto de 9 de septiembre.
Hoy la canciller Sandra Jovel declaró que el Acuerdo de Cooperación de Asilo se encuentra vigente y repitió el argumento que ha dado el gobierno de que no necesitan la aprobación del Congreso para implementarlo.
