Por: Cristian Velix
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A poco menos de dos meses que termine su mandato, el presidente Jimmy Morales podría enfrentar al menos tres investigaciones en su contra, luego que pierda su inmunidad el 14 de enero próximo.
Entre los hechos por los que podría enfrentar proceso penal, está el relacionado al supuesto financiamiento irregular al partido que le llevó a dirigir el Organismo Ejecutivo, FCN-Nación en 2015, su posible responsabilidad en los hechos que provocaron la muerte de 41 adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción o por recibir un bono del Ministerio de la Defensa (Mindef) de forma irregular.
Por dos de esos actos ya hay personas que están dilucidando su situación jurídica en los juzgados, mientras que por el Caso del Hogar Seguro sería un proceso nuevo, distinto al que tiene a su cargo la Fiscalía de Femicidio en el que están implicados exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
En esas investigaciones penales ya han accionado en su contra, sin resultados hasta la fecha, ya que la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Administrativos, han requerido que se le retirara el antejuicio al mandatario, pero esos procesos no avanzaron.
A pesar de esos actos emprendidos por las unidades de investigación del Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en distintas ocasiones y el Congreso de la República han impedido que Morales pueda ser investigado.
FINANCIAMIENTO ELECTORAL
En el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación, el dignatario acumuló dos solicitudes para que se le quitara la inmunidad, las cuales fueron promovidas por la Fiscalía de Delitos Electorales, en ese entonces, dirigida por el fiscal Oscar Schaad.
En esa línea, las pesquisas iniciales indican que Morales, en su calidad de Secretario General de esa agrupación política, pudo haber recibido contribuciones de manera anónima para financiar el partido al que representaba.
Sin embargo, los aportes no fueron registrados en los libros contables de FCN-Nación, por lo que él, explican las indagaciones, presuntamente impidió los controles y la fiscalización de los aportes recibidos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Para ello, la Fiscalía, en conjunto de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sostienen que esa agrupación política tuvo la negativa de facilitar la revisión de los soportes contables y la documentación relativa a los ingresos y gastos permanentes en 2015.
Posteriormente, los entes investigadores requirieron nuevamente que se le quitara el antejuicio al Presidente al establecer que como Secretario General del partido mencionado no reportó el gasto en el que este incurrió para el pago de fiscales de mesa, material electoral y capacitaciones.
Para el pago de fiscales de mesa, las averiguaciones detallan que se utilizó un mecanismo alterno para evadir los controles del TSE, esto al utilizar la empresa Novaservicios S. A. para la cancelación de esos desembolsos, cuyos aportes provenían de un grupo de empresarios. En ambas ocasiones, el Congreso le mantuvo la inmunidad a Morales.
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BONO MILITAR
Por otra parte, el jefe del Organismo Ejecutivo tuvo señalamientos por la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos, por aparentemente incurrir en los ilícitos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad al recibir un pago irregular del Mindef.
Según esta sección de investigación, Morales recibió de forma injustificada depósitos por Q50 mil de la cartera dirigida en ese entonces por Williams Mansilla, enviado a juicio por este expediente judicial en una resolución emitida por la jueza Judith Secaida.
En conjunto el dignatario recibió Q450 mil, producto de ese bono y, como explicó inicialmente el MP, se solicitó que se le levantara el antejuicio al Presidente derivado de un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas (CGC) al hacer una auditoría concluyó que dicha bonificación para Morales carecía de sustento legal. La CSJ rechazó la petición para que a él se le retirara el antejuicio por este caso.
Si bien, el mandatario devolvió el dinero obtenido de la cartera de la Defensa, la responsabilidad penal permanece y podría enfrentar proceso judicial por esta investigación.
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CASO HOGAR SEGURO
El MP por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos planteó un requerimiento en la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) para que el mandatario perdiera su antejuicio y fuera investigado por los hechos que desencadenaron la tragedia del 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La representación del ente encargado de la persecución penal actuó en este caso por la denuncia presentada por Sandra Morán y Leocadio Jucarán, diputados del Congreso de la República. La querella de los legisladores se debió a que el mandatario pudo haber incurrido en varios delitos en relación con los hechos que dejaron como saldo la muerte de 41 adolescentes y otras 15 quedaron heridas.
A criterio de los parlamentarios, Morales tuvo que dictar las medidas necesarias para la protección de las menores, ya que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) la cual depende jerárquicamente de la Presidencia de la República.
A pesar de los señalamientos, la CSJ entró a conocer en dos ocasiones la petición de que se le quitara la inmunidad, aunque en ambas ocasiones fue rechazada y la mayoría de los magistrados argumentaron que la acción era espuria y política.
De iniciar una persecución penal para el Presidente por estas pesquisas, este, por el tipo de delitos, lo tendría a su cargo la Fiscalía de Delitos Administrativos y no la de Femicidio, la cual tiene tres grupos de imputados, en el que uno de ellos ya se encuentra en la etapa de juicio.
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FISCALES GUARDAN SILENCIO
Consultados respecto a si podría haber acciones en contra del mandatario luego que él pierda su inmunidad el 14 de enero, los fiscales que tienen a su cargo los expedientes de investigación prefirieron no pronunciarse o no respondieron a las llamadas realizadas para consultarles.
De esa forma, al preguntársele sobre el caso de financiamiento a FCN-Nación al jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, refirió que era una cuestión que tenía que ser respondida por la fiscal general, María Consuelo Porras, lo cual insistió en varias ocasiones y que prefería no pronunciarse porque era algo que debía preguntársele a la jefa del MP.
No obstante, al solicitar una postura de la jefa del MP por medio de la vocera de esa institución, Julia Barrera, ella precisó que es competencia de las fiscalías que tienen a su cargo los procesos decidir, luego del análisis correspondiente, cómo van a proceder en los casos en donde aparecen denunciados funcionarios que gozan de antejuicio.
Esta unidad de investigación ya logró procesar a siete empresarios por el Caso Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación, pero el mismo se encuentra detenido debido a un conjunto de actuaciones judiciales por las que ahora la Corte de Constitucionalidad (CC) determinará la validez de los acuerdos de colaboración eficaz firmados en esta carpeta judicial.
De igual manera, se intentó obtener respuesta de Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros Activos en cuanto a si no se descartan acciones en contra de Morales por el Caso Bono Militar, sin embargo, no se obtuvo la misma.
Por otra parte, se buscó la postura de Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
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¿QUÉ DICE MORALES?
El Presidente se pronunció en una gira de trabajo por Cobán, Alta Verapaz, acerca de la posibilidad que enfrente a la justicia y dijo que “si hay prueba de que yo haya sido alguien corrupto, que presenten las pruebas y me procesen, pero de lo contrario nosotros seguiremos haciendo lo que la patria nos demanda”.
Esas declaraciones de Morales fueron vertidas el 14 de noviembre pasado, fecha en la que agregó que él no se iba a ir, además que su hijo le dio el ejemplo de que no se huye de la Ley, sino se defiende, en alusión al proceso penal que José Manuel Morales y Samuel Morales enfrentaron por el Caso Botín Registro General de la Propiedad.
“En primer lugar debemos dejar de pensar que la gente es culpable y que debe demostrar que es inocente, eso no es derecho, el derecho universal dice que toda persona es inocente hasta que le demuestren lo contrario”.
La máxima autoridad del Ejecutivo perderá el fuero especial para evitar ser investigado cuando entregue la Presidencia a Alejandro Giammattei el 14 de enero próximo y aunque asuma como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya no tendrá ese beneficio.
Esto se debe a una resolución de la CC del 20 de julio de 2004 en relación con una inconstitucionalidad planteada por Alfredo Skinner-Klée, antiguo diputado del Parlacen, la cual fue acogida por la máxima Corte del país, ya que según el argumento del parlamentario la Constitución no incluye dentro de los funcionarios y dignatarios con ese derecho a los integrantes de ese ente centroamericano.
“Si hay prueba de que yo haya sido alguien corrupto, que presenten las pruebas y me procesen, pero de lo contrario nosotros seguiremos haciendo lo que la patria nos demanda”.
Presidente Jimmy Morales.
